La adhesión de grandes empresas y firmas del retail a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo ha generado duras críticas por parte del mundo sindical y político, desde donde se ha llamado a utilizar la norma cuando sea "estrictamente necesario".
Este mensaje ha sido enfatizado en varias oportunidades por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien incluso ha solicitado a las empresas cuestionarse si pueden o no repartir utilidades en un contexto como este, agregando que aquellas empresas que están teniendo los mismos ingresos que tenían antes o que están pudiendo desarrollar al 100% sus funciones "no corresponde que se sometan a esta Ley".
Así, las autoridades laborales han recalcado en varias oportunidades que quienes se acojan de forma fraudulenta a los beneficios de la Ley serán duramente sancionados.
Sin embargo ¿qué sanciones contempla la norma para aquellos casos que hagan mal uso de sus beneficios?
La Ley de Protección del Empleo, en su artículo 14, establece que se sancionará a las personas naturales que por medios fraudulentos, simulación o engaño obtuvieren complementos y/o prestaciones o un beneficio mayor al que correspondiere.
Así, la norma establece una variedad de sanciones, las que pueden ir desde la prohibición de celebrar contratos con el Estado hasta penas de cárcel.
En concreto, quienes cometan fraude arriesgan reclusión menor en sus grados medio a máximo, es decir de 541 días a 5 años. "Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos", dice la norma. Además, los sancionados deberán restituir la totalidad de las sumas indebidamente percibidas, con los reajustes que conforme a derecho correspondan.
En línea con esto, los empleadores (dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión) "serán sancionados con multa a beneficio fiscal correspondiente al doble del monto del beneficio indebidamente recibido". También se prohibirá celebrar actos y contratos con el Estado por dos años.
Cabe recordar que en el artículo 2 del texto legal señala explícitamente que "el empleador será personalmente responsable de la veracidad de las declaraciones del documento" que se realiza para acceder a los beneficios de la Ley.
"Las penas que se aplican son muy gravosas, son penas de cárcel. La necesidad de restituir la totalidad de los recursos. Por lo tanto, las empresas van a tener que ser sumamente responsables al momento de hacer uso de esta norma", explicó ayer la ministra del Trabajo, María José Zaldívar en radio Universo.
"Una empresa que no se está viendo afectada, que está manteniendo sus ingresos o que le sube los sueldos a los altos ejecutivos, es claramente una empresa que no necesita esta Ley, y eso se va a empezar a poner ante los tribunales de justicia", agregó Zaldívar.
Desde el ministerio explicaron que la Dirección del Trabajo (DT) tiene sus canales preparados para recibir denuncias respecto al mal uso que algunas empresas o personas puedan dar a esta ley.
Las denuncias se pueden ingresar de forma presencial en cada oficina a lo largo del país; mediante correspondencia, es decir, una carta enviada a la inspección del Trabajo; o bien, descargando el formulario de solicitud de fiscalización que está publicado en www.direcciondeltrabajo.cl, en el banner sobre la contingencia sanitaria, y que se debe enviar a denuncia@dt.gob.cl.
92% de empresas beneficiadas son micro y pequeñas
Una tensa sesión se produjo ayer en la comisión de Trabajo del Senado, la cual recibió a diversas organizaciones sindicales para conocer su percepción respecto a la implementación de la Ley de Protección del Empleo, que entró en vigencia el pasado 6 de abril.
En la cita, que contó con la presencia del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y de la directora del Trabajo (s) Camila Jordán, los representantes de los sindicatos de trabajadores Ripley, Paris, H&M, Hites, junto a la Confederación de Trabajadores del Comercio (Consfecove), criticaron su implementación, acusando que las empresas, en especial las de gran tamaño, han abusado de la norma.
"Hoy son muchas las empresas que teniendo la espalda financiera se están aprovechando de esta Ley para abaratar costos y que los trabajadores se paguen sus sueldos con los fondos de su seguro de cesantía", acusó Leandro Cortés, de Consfecove.
A su turno, el subsecretario del Trabajo expresó que "estamos convencidos de que es una buena Ley" y realizó un desglose preliminar del tamaño de las empresas que se han inscrito para acceder a la norma.
De acuerdo a Arab, 46 mil empresas ya han ingresado las nóminas de trabajadores para poder acogerse a los beneficios -hasta el viernes eran 23.097, de un universo de 56.986 que habían manifestado su intención de forma preliminar de acogerse a la norma-, información que debe ser estudiada por la AFC para ver si cumplen o no con los requisitos.
Del total, el 90% de las firmas lo están haciendo por menos de 10 trabajadores.
De ellas, además, el 94,8% de las empresas son micro y PYME. Dejando fuera a las medianas, el 92% corresponde a micro y pequeñas.
"Es una ley que está permitiendo evitar despidos, y también estamos convencidos que aquellos casos -que pueden ser puntuales o excepcionales- donde pueda existir abuso, hay que fiscalizar, y sancionar con el máximo rigor", acotó.
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