La presentación del “Sello 40 horas”, una iniciativa del gobierno que busca reconocer a las empresas que han apostado por la reducción de su jornada laboral, revivió la discusión en torno a si Chile está o no preparado para reducir las horas de trabajo.
Para justamente profundizar en este y otros temas, la Fundación Carlos Vial Espantoso en colaboración con Diario Financiero, organizaron el webinar “Agenda Laboral: Abordando desafíos de una sociedad en transición”, en el cual participó el ministro (s) del Trabajo Giorgio Boccardo; la economista jefa de grupo Quiñenco, Andrea Tokman; el gerente general de ME Elecmetal Sudamérica, Jose Pablo Domínguez; y la presidenta de la Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals, Claudia Orellana.
En el encuentro, Boccardo dio los lineamientos de la agenda laboral de la actual administración de este y el próximo año, destacando tres materias: la reducción de jornada, la reforma previsional y la negociación multinivel.
Sobre el primer punto, el ministro (s) comentó que se han estado reuniendo con representantes de distintos sectores económicos, como la minería y el sector portuario, para comenzar a levantar antecedentes de sus jornadas.
En esa línea, reiteró que el próximo lunes partirán las mesas técnicas para recopilar opiniones en este tema.
La mesa
Los antecedentes que se reúnan serán insumos para las indicaciones que se harán al proyecto de reducción de jornada que está en tramitación en el Senado, el que fue impulsado por Karol Cariola y Camila Vallejo. De igual modo ya se está revisando la literatura y las experiencias de otros países que han aplicado la medida.
“Hay una discusión en la literatura respecto a cuál es la mejor forma y lo que hemos podido revisar es que las reducciones de una hora al año muchas veces pueden significar alteraciones permanentes en los procesos de ajustes productivos”, ejemplificó el ministro (s).
Según agregó Boccardo, hay otros modelos que proponen bajar un par de horas en un primer escalón, dejar pasar un par de años, y nuevamente aplicar una nueva reducción, para así no generar alteraciones constantes en los procesos productivos. En este tema, consideró clave monitorear que no se generen diferencias entre trabajadores que realizan las mismas tareas, pero en firmas de distinto tamaño.
“Estos son problemas que tenemos incorporados en el debate, en un esquema en el que no solo está trabajando el ministerio del Trabajo, sino que también Economía y Hacienda”, dijo.
La autoridad realzó el rol de las mesas técnicas. “En la medida que recogemos la mayor cantidad de propuestas, tanto de los sindicatos como de los empleadores, eso facilita mucho la discusión después en el Parlamento”, comentó.
Sobre el tema, la economista Andrea Tokman planteó que es crucial la alternativa de gradualidad que se escoja, para que “los impactos en las empresas sean más acotados y no terminemos con un desempleo que no quisiéramos tener”, agregando que es una discusión necesaria ya que pone sobre la mesa la necesidad de abordar la productividad.
En una línea similar, Jose Pablo Domínguez celebró que se avance en el proyecto, ya que aborda una aspiración de los trabajadores, particularmente de los más jóvenes. Sin embargo, se mostró preocupado sobre el impacto que la medida puede tener en el empleo. “Puede tener un fuerte impacto para las empresas una implementación acelerada, que no tome en cuenta las mejoras en la productividad o la formación, elementos claves a trabajar”.
Más optimista se mostró Claudia Orellana, quien señaló que la productividad no tiene que ver con las horas trabajadas. “Para nosotros es un gran cambio, pero como dice el subsecretario hay que ponerle ojo, porque tampoco se ha visto mucho, qué pasa con aquellos que tenemos turnos para mantener la productividad continua de las empresas”.
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