Velar por el correcto uso de los recursos, tanto públicos como privados, es uno de los ejes bajo el cual el cual el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) está alistando el lanzamiento de su Política Nacional de Fiscalización (PNF).
Durante este mes, el organismo promulgará sus nuevos lineamientos en materia de fiscalización, con los cuales busca generar objetivos estratégicos, principios y valores que guíen la acción supervisora del Sence en las diferentes prestaciones que se ponen a disposición de la comunidad, tales como la capacitación, intermediación laboral y subsidios.
Esto, en concordancia con el objetivo del servicio de velar por el cumplimiento de la normativa, el buen uso de los recursos públicos y privados y la transparencia en la gestión del Sence, basándose en principios del derecho administrativo como la probidad, transparencia, eficiencia, eficacia, imparcialidad, responsabilidad y proporcionalidad.
Romanina Morales Baltra, directora del Sence.
“Sence avanza en el mejoramiento de la calidad de sus procesos, formalizando así las directrices que existen en materia de fiscalización y transparentando a la comunidad las finalidades que el servicio persigue”, dijo Baltra.
“Con instrumentos como la Política Nacional de Fiscalización, Sence avanza en el mejoramiento de la calidad de sus procesos, formalizando así las directrices que existen en materia de fiscalización y transparentando a la comunidad las finalidades que el servicio persigue con el ejercicio de su acción fiscalizadora”, dijo la directora nacional del Sence, Romanina Morales Baltra.
La elaboración
Según explicaron desde la institución, la Política Nacional de Fiscalización nace de un requerimiento de la directora nacional del servicio, quien manifestó la necesidad de contar con un instrumento que estableciera un marco regulatorio en términos de principios rectores y lineamientos generales que orienten la fiscalización de Sence.
Con esto como directriz, el servicio inició reuniones y encuentros con distintas instituciones públicas que cumplen funciones inspectivas y fiscalizadoras similares a las de Sence, además de sostener diálogos con las distintas direcciones regionales, departamentos y unidades de la institución, para levantar e identificar sus recomendaciones y propuestas.
La acción fiscalizadora considera el uso de la franquicia tributaria, que es un incentivo que se otorga a las empresas contribuyentes de primera categoría, que consiste en la posibilidad de descontar del impuesto a la renta que se paga anualmente, hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones de trabajadores por gastos incurridos en acciones de capacitación autorizadas por Sence. Este es uno de los instrumentos más utilizados, por ello es clave monitorear su correcto funcionamiento.
Así, las entidades que fiscaliza Sence son los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC), empresas y entidades públicas y privadas con las que el servicio haya suscrito convenios o contratos.
“El principal eje de la PNF es entregar al servicio objetivos, principios, lineamientos estratégicos y finalidades, a partir de los cuales se debe llevar a cabo la acción fiscalizadora de las distintas prestaciones que el servicio pone a disposición de la comunidad”, recalcaron desde Sence.
La política, además, tendrá perspectiva de género.
¿Qué significa esto? En palabras del servicio, desde el punto de vista de la fiscalización serán prioritarias las situaciones que presenten cualquier tipo de conducta discriminatoria en todo contexto vinculado con las prestaciones que ofrece Sence a la comunidad, que refuercen estereotipos de género y/o difundan violencia de cualquier índole, coordinando esta labor fiscalizadora con las directrices entregadas por el servicio para velar por el cumplimiento de estos protocolos, además de la capacitación de las funcionarias y los funcionarios que realizan los procesos inspectivos en materias de género y de derechos humanos.
“En síntesis, velar por la equidad desde el punto de vista de los derechos, obligaciones y oportunidades de todas las personas para acceder a las prestaciones que este Servicio entrega”.
Se espera que esta política guíe la elaboración del plan anual de fiscalización de la entidad, instrumento en el que se precisan los temas puntuales que son objetivo de mayor atención por parte de la institución.
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