Las debilidades de las siete comisiones investigadoras vigentes en la Cámara
Las instancias fiscalizadoras parten con fuerte impulso derivadas de un hecho con gran impacto político, pero algunas se diluyen en el tiempo.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 13 de junio de 2011 a las 05:00 hrs.
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“Mucho ruido y pocas nueces”, esta frase define en cierta manera cómo se desarrolla el trabajo en las comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, pues la mayoría de éstas han surgido de algún hecho noticioso con fuertes repercusiones mediáticas. Por ello, todas parten tras un gran impulso y, en la mayoría de los casos, su trabajo se va diluyendo durante el tiempo.
Al poco andar una de las debilidades que enfrentan estas instancias es la nula facultad que tienen los diputados para obligar a que ex y funcionarios públicos testifiquen. Otro inconveniente es que los documentos que solicitan a los organismos públicos muchas veces no llegan a tiempo o simplemente no se los remiten frenando el avance de las investigaciones.
El factor político también entorpece el avance objetivo del trabajo de estas instancias, como es el caso de la comisión Kodama que por tener mayoría de diputados de la Alianza, gran parte de los parlamentarios de la Concertación se han automarginado, porque según ellos no “da garantías”. No pasa lo mismo dicen, con las comisiones más técnicas como el caso de la que investigó la situación de los relaves a lo largo del país que avanzó más rápido, porque estaba ausente la disputa política.
Así y todo, en algún minuto la creación de estas comisiones proliferaron en la Cámara Baja, dado los efectos mediáticos que alcanzaban en sus comienzos. Pero para evitar ”el nacimiento en serie” de estas instancias, se modificó el reglamento en el que se puso como requisito que para crearlas se requiere la aprobación en Sala de 48 diputados.
Según lo establece la ley, las comisiones tienen por objetivo fiscalizar el actuar del gobierno, establecer responsabilidades políticas cuando se estime conveniente e incluso derivan antecedentes a Contraloría por fallas administrativas o al Ministerio Público cuando se incurren en delitos.
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