Ya nadie, o muy pocos, habla de inflación en el país. Sólo aumentos en el valor de la bencina -seguido a veces de un alza en el pasaje del Transantiago- o los saltos que se ven en frutas y verduras reviven la preocupación de los chilenos de tanto en tanto. Pero, hasta ahí.
Atrás parecieron quedar desvelos por el reajuste del arriendo o del dividendo derivado del crédito hipotecario o, incluso, la tormentosa Unidad de Fomento.
Pero no siempre fue así. Si algo cambió en Chile en las últimas tres décadas es el nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De alzas anuales de 30% en los albores de los '90 –y aún más antes-, el medio local pasó a gozar de tasas de 3%.
Determinante en este nuevo escenario fue la autonomía técnica y patrimonial que estrenó el Banco Central en diciembre de 1989, la que con el correr de los años y, sobreponiéndose a las suspicacias propias de su origen -en las postrimerías del regimen militar-, se llegó a legimitar bajo el paraguas del logro de los objetivos que le planteó la ley constitucional que le dio origen: velar por la estabilidad de la moneda y por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.
Dos hechos contribuyeron a la consolidación de la independencia, según la reflexión de quienes presidieron la entidad al cumplirse 25 años de la misma: el respeto del equilibrio político en la conformación del consejo de cinco economistas elegidos por el Presidente de la República con la venia del Senado; y la adhesión a un esquema de metas de inflación, toda una audacia en los ´90, pues el único precedente era Nueva Zelanda.
Y esa convicción de ganarle la batalla a la inflación se notó desde el debut. Ya en enero de 1990, la naciente autoridad subió la tasa de interés -su herramienta de política- nada menos que 200 puntos base; y a fines de ese año, ante la Cámara Alta -en adelante el organismo al que le rendirían cuenta- comprometió llevar el IPC anual desde el 29% prevaleciente a un rango anual de 15% a 20%.
Cada meta se cumplió en el tiempo y, en medio de la instaurada flexibilidad cambiaria y una coordinación que funcionó con el Ministerio de Hacienda, los 2000 significaron un rumbo más definitivo del IPC hacia el rango actual de 2% a 4%.
Y si bien no faltaron problemas, como los generados por las crisis internacionales y la interna más significativa que representó el caso Inverlink -que implicó la renuncia del presidente de entonces, Carlos Massad-, el consejo del banco autónomo por el que ya han pasado 21 economistas supo navegar adscribiendo a las mejores prácticas internacionales. Hoy la profesionalización de su andamiaje le reporta credibilidad y ser ejemplo recurrente de cómo debe ser la gobernanza de las instituciones en el país.
Pero quizás en sus logros, aliados del buen pasar de la economía nacional, estén sus mayores retos a futuro. Porque como lo planteó hace un tiempo el actual presidente de la entidad, Mario Marcel, la confianza que la ciudadanía deposita en el banco está "lejos de ser un capital asegurado (...)". Su punto es que se puede perder con facilidad, quizás entendiendo que el riesgo de la inflación nunca está totalmente dormido.
Tres de los presidentes del banco: Vittorio Corbo (2003-2007 ) José de Gregorio (2007-2011) y Carlos Massad (1996-2003), en una de las actividades propias de renovación de la llamada familia de billetes, un proyecto relevante de la entidad.
A fines de 2005, María Elena Ovalle fue la primera mujer en incorporarse al consejo del Banco Central.
El actual consejo, liderado por Mario Marcel (al centro), lo integran Rosanna Costa, Joaquín Vial, Pablo García y Alberto Naudon.
1989
agosto
Se aprueba la ley que inaugura la autonomía del BC
En agosto de 1989 la junta de gobierno aprobó la ley de carácter constitucional que estableció la inédita figura de un Banco Central de Chile autónomo. La norma, que en octubre fue publicada, sería liderada por un consejo de cinco economistas nombrados por el Presidente de la República con la venia del Senado, los cuales durarían 10 años en régimen y se renovarían por parcialidades.
Dado el contexto político, la conformación de ese primer grupo implicó una negociación entre oficialismo y oposición, que finalmente se tradujo en el compromiso de una instancia pluralista. Así, se acordó que la autoridad fuera representada por Enrique Seguel, general del Ejército, que había presidido el banco entre 1985 y 1988 y en 1989 había sido nombrado ministro de Hacienda, y Alfonso Serrano, vicepresidente de la entidad desde 1985. Por la Concertación se nominó a Roberto Zahler, experto monetario de la Cepal, y a Juan Eduardo Herrera, economista del PPD y alto ejecutivo de una empresa minera privada. Aceptado por ambos sectores, se convino que el entonces secretario ejecutivo adjunto de la Cepal, Andrés Bianchi presidiera por dos años la instancia. La independencia iniciaba una exitosa historia.
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