Referencia del costo de la vida, la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) moviliza cerca de 100 encuestadores cada mes, los que visitan 6.500 locales a lo largo del país, entre almacenes de barrio, ferias, supermercados, tiendas comerciales, bombas de bencina, colegios, universidades, centro médicos, empresas de servicios de telecomunicaciones, bancos y de distribución eléctrica para recoger los valores de 303 productos. Completa este cuadro consultas directas en algunos hogares particulares, en relación con niveles de arriendo o servicio doméstico.
Así lo dispone la metodología que usa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hoy bajo presión luego de la denuncia realizada por su director Guillermo Pattillo en orden a supuestos indicios de manipulación en las variaciones del indicador.
De acuerdo a los protocolos –que ya se aplicaban previo a la nueva canasta de IPC este año-, al trabajo en terreno se suma la recolección centralizada, cuando el nivel de precios en los distintos establecimientos de una misma empresa es idéntico y definido por la casa matriz o, bien, cuando se trata de empresas que prestan servicios regulados.
Bienes y servicios con precios más volátiles tienen un mayor número de registros, es decir, de una a cinco recolecciones en el mes; en cambio, en aquellas variedades con modificaciones una vez al año, como los servicios educacionales, por ejemplo, el levantamiento se realiza con menos frecuencia (una vez en doce meses).
La experiencia obtenida a través del tiempo fundamenta la decisión general de registrar los precios durante las primeras tres semanas del mes, con excepción de los combustibles (cinco si el mes tiene esa cantidad de semanas), frutas y verduras frescas (cuatro en el mes), bebidas alcohólicas y alimentos no perecibles (dos en el mes). Para el vestuario y el calzado solo se realiza una revisión en el mes.
Desde el punto de vista operativo, los detalles no son menores. La recolección de precios se hace desde el primer día y hasta el día 21 de cada mes, de lunes a viernes más el segundo sábado de cada mes con excepción de septiembre y diciembre, en que se realiza el primero.
Nada pareciera quedar al azar. En el caso de alimentación, los precios se recolectan en las mañanas (entre 9:00 y 12:00 horas) poniendo énfasis en las ferias libres y los restaurantes.
En las tardes se privilegian las restantes divisiones –doce en total-, vinculadas con salud, transporte, comunicaciones, entre otros.
A partir del día 22 del mes se vuelve a visitar los locales en los que los precios no estaban disponibles previamente. Toda esta dinámica concluye el día 26 de cada mes.
En el caso del gasto financiero, electricidad, agua potable, seguros, servicios de telefonía móvil y fija, la fecha de corte para valorar los servicios es el 15 de cada mes, mientras que la recepción de la información ocurre hasta el día 20 del mismo.
El proceso de chequeo
Una vez ingresada la información de precios al sistema informático del IPC, se activa una serie de criterios y filtros que busca asegurar la detección de errores no muestrales y registros con comportamientos anómalos, que se denominan outliers.
Existen tres tipos de chequeo de los datos, que se traducirán en la información oficial del IPC cada 8 de cada mes.
La primera es la “validación de completitud y coherencia de la información”, que implica la revisión de parte de supervisores de una parte de los formularios de recolección de precios del IPC para ver si dialoga lo observado en el mercado y el uso de la codificación vigente.
La segunda es la “validación de digitación e ingreso de la información”, que permiten evitar, por ejemplo, el ingreso de caracteres no numéricos en campos donde debe ser un número y valores numéricos mal ingresados o simplemente que no corresponden. Este es el primer filtro que evita que los errores de transcripción se traspasen a la base de datos de precios.
Luego, la base de datos se somete a una revisión a través de criterios de validación definidos que permiten marcan los casos que presentan un comportamiento anómalo según un conjunto de reglas preestablecidas que tienen como base la información histórica que se ha recolectado.
A esto, se agrega un análisis a través del coeficiente de variación entre semanas, que permite detectar volatilidades inusuales.
En tercer término existe lo que se llama “validación longitudinal”, que se basa principalmente en análisis estadísticos destinados a detectar outliers o inconsistencias, los que serán contrastados con información exógena para facilitar su validación final.
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