En la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, se toman en serio esa consigna de que hay que "estrujar" cada peso que gasta el sector público. Luego de que el año pasado implementara una estricta política de austeridad en gastos operativos en el aparato estatal, la entidad liderada por Rodrigo Cerda pone hoy bajo la lupa los desembolsos del Estado en bienes raíces.
En un oficio enviado el 24 de abril a casi un centenar de ministerios y servicios públicos, Cerda les solicitó la información relacionada a todos los contratos de arriendos de inmuebles vigentes que hayan suscrito a la fecha en la Región Metropolitana. Las entidades enviaron el 10 de mayo la documentación.
¿La justificación? El documento oficial se apoya en las políticas de austeridad implementadas para el actual ejercicio, a través de una instrucción presidencial "y para llevar a cabo las tareas del Estado de una forma aún más eficiente".
El requerimiento de información de la Dipres no es casual. El 19 de marzo pasado a través de una resolución, el servicio creó la Unidad de Gestión Inmobiliaria y Compras Estratégicas, con el objetivo de aumentar el control sobre las inversiones inmobiliarias en el sector público, buscando hacerla más eficiente en un contexto de restricciones de gasto.
De hecho, en la resolución exenta Cerda justifica la creación de la nueva unidad en la "necesidad de desarrollar procesos para los mecanismos de contrataciones conjuntas, que permitan hacer más eficiente el gasto público".
El nuevo departamento, que dependerá directamente del director, tendrá siete funciones: revisar y analizar las solicitudes relativas a asuntos inmobiliarios; establecer "parámetros técnicos" e impartir instrucciones específicas que "deberán cumplir" los organismos estatales para celebrar contratos de arriendo de inmuebles; asesorar al director de Presupuestos sobre los activos inmobiliarios del sector público "con foco en generar eficiencias económicas y de ocupación"; y analizar el portafolio de propiedades que ocupan los servicios estatales "y elaborar estrategias para la optimización del uso de recursos relacionados a bienes inmuebles", entre otras.
Dicho énfasis de Dipres va en línea con lo expuesto por su director el martes en su cuenta pública, cuando anunció la creación de una Unidad de Revisión del Gasto, para auditar la eficiencia y procedencia de ciertos desembolsos. Respecto al sector inmobiliario, Cerda señaló que se buscará establecer si el valor de los arriendos se está realizando a precios de mercado.
¿Cuánto se gasta?
Según datos de Dipres, el año pasado el sector público desembolsó más de US$ 190 millones en arriendos de inmuebles, mobiliario y terrenos, totalizando más de $ 135.000 millones. Esto implica un incremento de 11% respecto al 2017.
En promedio, cada servicio público que arrendó algún tipo de inmueble desembolsó $ 334 millones a lo largo del año. Cabe señalar que varios organismos deben arrendar locaciones para sus redes a lo largo de las 16 regiones del país.
Por lejos las instituciones que más gastaron en arriendos fueron los servicios de salud, con el de Antofagasta liderando con más de $ 12.000 millones el año pasado, seguido del de Salud Metropolitano Central con más de $ 9.000 millones, y del de Salud Metropolitano Sur Oriente, con $ 8.700 millones. Luego se ubican organismos como la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Subsecretaría de Salud, el Registro Civil y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).
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