El experto en Derecho Público y socio de GuerreroOlivos, Eduardo Cordero detalló a Diario Financiero las eventuales implicancias legales que tendría este caso de confirmarse la manipulación de datos del INE y la magnitud del mismo.
-¿Cuáles son los flancos legales que se abrirían ?
- Hay varios temas a considerar. Primero, está responsabilidad administrativa, luego otra no menor es la responsabilidad penal -por falsificación documental o prevaricación administrativa-. El Ministerio Público debe evaluarlo y lo más probable es que vaya por la falsedad documental y luego, por el perjuicio al mercado.
En temas de largo plazo, está la responsabilidad patrimonial o civil del Estado. En este caso, el IPC está encadenado a otros indicadores y a la formulación de políticas macroeconómicas y son también un índice relevante para particulares. Ergo, si ha causado un daño o perjuicio a terceros, se gatilla una responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento del servicio.
-¿Se puede cuantificar las sanciones a las que se podrían ver expuestos los distintos actores involucrados?
- En materia administrativa las sanciones son claras; la más grave es la destitución del funcionario con una inhabilidad de cinco años. En materia penal se enfrentarían a penas privativas de libertad, pero deberían ser por simples delitos, no llegan a nivel de crímenes.
-Y en el ámbito civil…
-Eso es más de largo plazo y dependerá de la cuantía que se pueda acreditar.
-¿Puede dar pie a eventuales demandas colectivas por el perjuicio a las personas?
-En particular, las demandas colectivas se dan en relaciones de consumo (mala calidad del producto, precios, etc.), casos como éstos no están previstos, son bien inéditos y tendría que ser una demanda contra el Estado…hay que ver cómo se desencadena.
Hay que tener en consideración que también puede entrar Contraloría, cuando se trata de implicancias de tal gravedad, este ente por su ley orgánica está facultado para instruir los sumarios administrativos.
-¿Qué otras consecuencias para el mercado advierte?
- Como se desconoce la magnitud se produce una suerte de caos…Y también hay una preocupación que no tiene que ver con lo jurídico, y es que si una autoridad no tiene claro lo que está sucediendo y no lo tiene dimensionado, lanzar esa noticia al mercado de esa manera es delicado.
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