Mañana a las 4 de la tarde en el Ministerio de Hacienda están citados los gremios empresariales, incluidos los de las PYME y los representante de los sindicatos, para una conversación a puertas cerradas con los ministros Mario Marcel y sus pares Nicolás Grau, de Economía, y Jeannette Jara, de Trabajo.
El tema que los convoca es analizar el escenario posplebiscitario -de hecho, al votar hoy en el Liceo San José de San Martín en Santiago Centro, el titular de Hacienda dijo que tienen “distintas agendas para el caso de que gane una u otra opción”-.
Sin embargo, cercanos a la reunión aseguran que hay al menos tres temas ineludibles en la cita y que tienen que ver con decisiones del gobierno de Gabriel Boric en temas presupuestarios y reformas.
El primero es la presentación del Presupuesto de la Nación 2023, que debe quedar enviado al Congreso antes del 30 de septiembre.
Es el debut en el cargo de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, que sin embargo tiene experiencia en el trámite, ya que durante 2014 y 2016 fue parte del equipo del gabinete del Ministerio de Educación, y unos años más tardes, tras sus estudios de posgrado, ejerció como asesora técnica de diputados y senadores en temas fiscales hasta 2021.
Uno de los principales desafíos de Martínez será cuadrar las expectativas de ministerios y servicios con la confluencia fiscal que ha planteado como objetivo el ministro Marcel.
Tras conocerse ciertos insumos claves como las expectativas de precio del cobre y el PIB tendencial que realizan comisiones de expertos, los economistas estiman que la expansión del gasto fiscal para 2023 debería estar en torno al 2%. Esto es altamente exigente si se considera que este año se espera se contraiga 25% como parte del proceso de normalización pospandemia.
Una de las novedades del proceso sería un acento en un presupuesto con un sello de regionalización. Como informó DF, hace unos días se firmó un convenio entre la Dipres y el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechil), Patricio Vallespín.
“Este es un primer paso para que el gasto público responda de mejor manera a las necesidades de inversión de quienes habitan en las regiones. El segundo paso será la ley de rentas regionales”, explicaron desde el Gobierno.
El convenio consta de 13 puntos, destacando por ejemplo la creación de una nueva partida presupuestaria -la número 31-, que abarcará las platas regionales, por lo que por primera vez los fondos de los Gores no estarán bajo la tutela del Ministerio del Interior.
Un segundo tema a anunciar en los próximos días será la propuesta de reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric.
Originalmente los proyectos serían presentados antes del plebiscito, y luego se comprometió un adelanto de los lineamientos para finalmente aplazar los anuncios para septiembre. Se argumentó que era necesario desacoplar el debate previsional de las discusiones políticas, y adicionalmente hay que considerar que son cuatro ministerios involucrados – Hacienda, Trabajo, Desarrollo Social y Segpres- lo que implica además una alta coordinación interna del Gobierno.
De esta manera, en las próximas semanas se alistarían los primeros anuncios. Algunos han sido adelantados recientemente, como una potencial universalidad de la PGU: la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) al 100% de los adultos mayores, y que se realizarán ajustes que garanticen que el beneficio llegue a jubilados de leyes especiales de compensación por violaciones a derechos humanos. Los detalles del aumento de cotización y la administración de estos aún está por definir.
Y tercero, se alistan las indicaciones al proyecto de reforma tributaria.
Se han estado reuniendo periódicamente las mesas técnicas de los parlamentarios con los expertos del Gobiern y se espera que el martes 12 de septiembre, el Gobierno entregará los lineamientos de las indicaciones a la reforma y se abra un período de indicaciones que se extenderá hasta el 26 del mes.
Los focos estarían en el tratamiento tributario de los arriendos de viviendas DFL-2, estudiándose dejar fuera del cambio a los adultos mayores y eventualmente otros grupos; el llamado "exit tax", impuesto de 5% de salida para los contribuyentes que trasladen su domicilio fiscal fuera de Chile; la tasa de tributación de 1,8% a las utilidades retenidas en sociedades de inversión; y las nuevas facultades de fiscalización para el SII, como pulir las condiciones de operación del denunciante anónimo.
A estos temas, en manos del Ejecuitvo, se suma este martes la reunión y decisión del Banco Central sobre tasas de política monetaria y el Informe de Política Monetaria de este miércoles. Con respecto a la tasa, la mediana de las perspectivas de la encuesta del instituto emisor a expertos apuntan a que el Central llevará la tasa a 10,5%, un aumento de 75 puntos base en relación a la reunión monetaria de julio.
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