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REGÍSTRATE AQUÍCaso reúne posibles delitos administrativos y penales, además de eventuales reponsabilidades civiles por daños patrimoniales.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 15 de mayo de 2019 a las 04:00 hrs.
Luis Cordero, profesor U. Chile:
- ¿Fue adecuado suspender a un responsable técnico?
- Es un buen ejemplo. El INE comunica con las decisiones adoptadas para efectos de garantizar la imparcialidad e independencia de la investigación. Y, además, reacciona rápidamente denunciando al Ministerio Público. El director del INE actuó como lo debería hacer todo jefe de servicio.
- ¿Pese a que no hay hechos establecidos sino "indicios de manipulación"?
- No puede hacerlo de otra manera, porque para acreditar que existe manipulación, tendría que dar por acreditado el resultado y es un sujeto responsable que participa de la investigación, entonces deja la verificación de los hechos y la responsabilidad concreta a las investigaciones en curso
- ¿Estas responsabilidades administrativas pueden derivar en delitos como adulteración de instrumento público?
- Sí, aunque yo creo que puede haber varios delitos de por medio. La denuncia que se hizo permite a la Fiscalía seguir investigando.
- ¿Como prevaricación administrativa?
- Por ejemplo, pero puede haber otros delitos funcionarios, no cabe ninguna duda.
- ¿Cuál es la peor alternativa?
- Todos los cargos son problemas de responsabilidad personal. El peor problema que gatilla un caso así es el impacto que tiene haber detectado ilícitos en cifras oficiales. No es problema de dinero, es una afectación a la fe pública.
El centro de incidencia valora esta figura contractual, pero advierte que su diseño debe impedir que se utilice para encubrir relaciones laborales permanentes. Entre sus propuestas figuran la consolidación automática de horas, la prohibición de cláusulas de exclusividad y un registro verificable de turnos.
La startup migró de un marketplace tradicional a un sistema de emparejamiento con inteligencia artificial que le permitió pasar de 7 mil a 20 mil alojamientos en seis meses y operar en 10 países.
La misma comisión que recomendó adjudicar la obra a ICRR cambió su evaluación un mes después y descartó las dos ofertas. La empresa recurrió contra la decisión y denunció ante el primer mandatario un “actuar anómalo” del ministerio.
La representación femenina llega a solo un 14%, mientras que, a nivel latinoamericano, esta alcanza un 25%. La participación de abogadas crece entre los jóvenes rankeados, donde las asociadas superan el 50%.
El Centro Médico Andes Salud Puerto Varas, que tendrá una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, habilitará en una primera etapa 17 boxes de consultas médicas y cinco de toma de muestras, aunque posteriormente incorporará kinesiología e imagenología.