Luego de la polémica generada por el recorte presupuestario por $ 7.000 millones para el Ministerio Público (MP) -según lo establecido en la Ley de Presupuestos 2025- el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió en la mañana de este martes con el fiscal nacional, Ángel Valencia, en La Moneda, donde acordaron un procedimiento para no afectar la continuidad operativa de esa entidad.
En la cita efectuada en las oficinas del subsecretario del Interior, Luis Cordero, se acordó que mediante el mecanismo de flexibilidad presupuestaria que tiene Hacienda se puedan garantizar los recursos necesarios para el MP.
Valencia, al término del encuentro, indicó que “fue una reunión muy provechosa, tanto el Ejecutivo como la Fiscalía planteamos con mucha franqueza y forma clara, cuáles son nuestras necesidades y el contexto actual”.
Valoró que “hemos iniciado y acordado un camino muy concreto que va a permitir que la continuidad operativa de la Fiscalía no se vea afectada, así que nos vamos muy conformes y optimistas. Tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y que en definitiva vamos a contar con los recursos necesarios para el funcionamiento”.
Explicó que no se trata de reintegrar recursos adicionales, sino que “la institucionalidad tiene algunos mecanismos de flexibilidad presupuestaria que recaen en el Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos que revisar nuestro presupuesto, vamos a entrar en una etapa técnica breve, con los equipos técnicos para pesquisar lo que no podemos prescindir”, afirmando que espera que la próxima semana esté todo resuelto.
En tanto, Marcel recordó que el ajuste del presupuesto fue mandatado por la ley de presupuestos y se aplicó de forma pareja a todos los organismos, salvo algunas excepciones a policías.
Explicó que durante el año se ejecuta el presupuesto con flexibilidad y en el caso de la Fiscalía “es posible ir adecuando el presupuesto de acuerdo a la necesidad de las instituciones. Lo que vamos a hacer, habiendo entendido bien la forma en que se aplicó esto, es que vamos a usar las facultades de flexibilidad presupuestaria para que el Ministerio Público tenga la continuidad operacional que requiere”.
Recorte a Carabineros y PDI
El ministro Marcel también abordó el recorte de gasto que afectaría a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), por un total de casi $ 3.000 millones debido a un efecto "rebote" por el ajuste del erario del Ministerio del Interior. Esto, a pesar de que el acuerdo con el Congreso era no rebajar los recursos de dichas instituciones.
"En el presupuesto hay lo que se llama las transferencias consolidables. ¿Qué significa eso? Que son recursos que salen de una institución, pero que se van a otro servicio público para la ejecución de un determinado programa. Por ejemplo, en estos mismos temas de seguridad ciudadana, hay programas del Ministerio del Interior que se ejecutan a través de las policías, para lo cual los ministerios le transfieren unos recursos. Entonces, al ajustar los recursos como parte de este ajuste parejo en los ministerios de origen, eventualmente podía ocurrir que se ajustara algo en el ministerio o la institución que recibía los recursos", explicó.
Adicionalmente, planteó que los ministerios tienen plazo hasta marzo para proponer modificaciones que eviten que ocurra este efecto rebote.
"Dado que a los ministerios de origen se le dio la facultad para, dentro del marco ajustado de Presupuesto, generar una composición distinta, en esas circunstancias el propio Ministerio del Interior va a tener la posibilidad de decir 'mire, en lugar de acá, donde está afectando unos recursos para Carabineros, vamos a hacerlo en esta otra parte de nuestro presupuesto institucional'. Eso es algo que se le señaló a todos los ministerios y servicios en la aplicación de este ajuste. Se les dio tiempo hasta marzo para hacer esas adecuaciones, así que está el espacio para producir esa readecuación, de tal forma que no repercuta sobre el tema de las policías", cerró.
Explicaciones por el “rebote”
En tanto, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), informó que la comisión reclamará al Gobierno que “se está incumpliendo un acuerdo”, porque dijo que la rebaja que se estableció en el Congreso “no debió haber contemplado nunca rebajas en seguridad y policías, al Ministerio Público le sacaron $ 7.000 millones y ahora por rebote la rebaja en el Ministerio del Interior le quita la posibilidad de hacer transferencias a las policías, ¿cómo es la cosa? Vamos a usar letra chica para torcer los acuerdos. Por eso lo que pedimos es que el Gobierno debe reponer las platas que se están disminuyendo a seguridad”.
Sin embargo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, explicó que el “efecto rebote” será solucionado debido a que en el caso de la Policía de Investigaciones y Carabineros “los ajustes los va a absorber el Ministerio del Interior para efectos de que esas transferencias no se vean afectadas en los términos que fueron diseñados originalmente”.
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