Malas noticias recibió la economía chilena en vísperas de las Fiestas Patrias. Después de más de cuatro años sin movimientos, Moody's Investors Service bajó este jueves las calificaciones de emisor y de deuda sénior no garantizada de largo plazo de Chile a “A2” desde el “A1” en que se encontraba desde julio de 2018.
Junto con esto, la agencia clasificadora de riesgo rebajó a (P) A2 desde (P) A1 la calificación provisional de deuda sénior no garantizada de largo plazo en moneda extranjera, y cambió la perspectiva a “estable” desde “negativa”.
El principal fundamento detrás de este ajuste fueron las “tendencias fiscales que han debilitado gradual, pero persistentemente el perfil crediticio de Chile”, se lee en un comunicado. La agencia recuerda que si bien el país enfrentó la irrupción del Covid-19 con una deuda inferior a la de sus pares y con reservas fiscales, “su carga de la deuda había estado aumentando constantemente antes de la crisis y la pandemia exacerbó la tendencia al alza”.
La misiva plantea que “el decisivo rechazo” del país a la nueva Constitución indica que “el consenso político probablemente ha cambiado a favor de cambios más modestos en los acuerdos sociopolíticos y económicos de Chile, tras el malestar social que comenzó en 2019”. Pero, recalca que “el proceso de reforma constitucional sigue sin resolverse y probablemente conducirá a un aumento estructural del gasto social en un momento en que las perspectivas de crecimiento a medio plazo siguen siendo modestas”.
El equipo liderado por William Foster espera que las autoridades nacionales “sigan comprometidas y demuestren su eficacia en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y financiera a lo largo del proceso de reforma constitucional”.
Alertan que “la incertidumbre persistirá hasta que se defina claramente el proceso de redacción y aplicación de una nueva constitución”, y que probablemente “el sentimiento de inversión siga siendo moderado hasta que el proceso esté más claramente definido y surja el consenso político”. Además, esperan que el nuevo proceso continúe hasta “bien entrado 2023 y potencialmente más allá, dando lugar finalmente a una nueva Constitución que ampliará los derechos sociales, ayudando a mitigar los riesgos sociopolíticos a costa de un mayor gasto social”.
En cuanto al contenido de la eventual próxima Carta Magna, señalan que “la probabilidad de que se produzcan cambios fundamentales en el marco institucional de Chile ha disminuido, dado el rechazo del proyecto de Constitución y el amplio apoyo a la preservación de elementos clave del modelo económico chileno”.
En esa línea, sugieren que “es probable que el próximo intento de reforma constitucional esté más centrado y sea más ordenado, lo que demuestra la solidez de las instituciones y el marco de gobernanza de Chile, una característica clave que apoya el perfil de crédito soberano”.
Consolidación fiscal
Si bien la clasificadora reconoce que “el gobierno ha enfatizado su compromiso con la consolidación fiscal y ha tomado medidas que han llevado a una corrección material de las cuentas fiscales en 2022”, también alerta que “la economía política que subyace a las crecientes presiones del gasto social planteará retos a estos esfuerzos en los próximos años”.
Aunque Moody’s considera los potenciales mayores ingresos fiscales como resultado de la reforma tributaria que impulsa el gobierno, también prevé que la carga de la deuda siga aumentando desde el 36% actual, para superar el 40% en el mediano plazo y acercarse “gradualmente a la mediana del grupo de pares con calificación A”.
El reporte también constata que las reservas financieras del gobierno han disminuido y la proporción de deuda en moneda extranjera ha aumentado. Los activos financieros soberanos se redujeron a alrededor de 5% del PIB en junio de 2022 desde cerca de 8% en 2020, después de haber sido retirados durante la pandemia, se detalla.
La clasificadora señala que “la perspectiva estable equilibra las presiones fiscales y económicas que enfrenta Chile con la expectativa de Moody's de que las autoridades estarán dispuestas y serán capaces de adoptar políticas que preserven la estabilidad macroeconómica y financiera en el mediano plazo”.
Resaltan que el perfil crediticio de Chile mantiene “importantes características crediticias, incluyendo instituciones sólidas que a lo largo de los años han permitido a las autoridades mantener la prudencia fiscal, lo que ha dado lugar a puntuaciones de gobernanza y de eficacia de las políticas en general que están en línea con, o por encima de, sus pares de calificación similar”.
¿Futuras acciones?
Moody’s indica que la clasificación podría sufrir presiones al alza si la consolidación fiscal “resulta eficaz para revertir de forma duradera la acumulación de deuda pública registrada en los últimos cinco años y los colchones financieros del gobierno aumentan significativamente”. A esto se sumaría “un aumento sostenido de las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de Chile, apoyado por políticas gubernamentales que aumenten la productividad total de los factores y promuevan la diversificación económica”.
Por el contrario, las presiones podrían ser negativas “si la eficacia y la credibilidad de la política macroeconómica se desviaran de su historial de gestión prudente de la política fiscal y monetaria”, o bien “un deterioro más rápido de las métricas de la deuda pública, causado por déficits fiscales más amplios de lo previsto, o la materialización de pasivos contingentes”.
Una vez conocida la noticia, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que la política fiscal se ha reorientado en la dirección correcta mediante la consolidación de las finanzas públicas, apoyo a sectores más vulnerables, medidas tendientes a aumentar la inversión y a impulsar la productividad.
"“Además, el próximo Presupuesto reflejará claramente estas prioridades y el compromiso del Gobierno de consolidar las finanzas públicas y contener la expansión de la deuda. Desgraciadamente no ha pasado el tiempo suficiente como para revertir las percepciones generadas por el severo deterioro fiscal de los tres años anteriores, pero estamos confiados en que, de mantener el actual curso, podremos no sólo mejorar nuestro perfil de riesgo, sino que proporcionar una base económica sólida para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”, argumentó.
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