Horas clave en el debate del Presupuesto 2019, proyecto que está en tierra derecha ad portas de que se vote en la Sala de la Cámara de Diputados.
Durante esta tarde, el gobierno cedió a parte de las demandas de la oposición y se allanó a un acuerdo para destrabar la principal ley de la República, al redestinar fondos -principalmente del Tesoro Público- para solventar demandas en partidas clave, como Educación, Salud, regiones y Transporte.
En concreto, ambas partes, lideradas por un lado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, y por otro por los diputados Giorgio Jackson y Pablo Lorenzini, y los senadores Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro y Ricardo Lagos Weber, concordaron un documento de cuatro páginas y 12 puntos para sacar adelante el texto y votarlo en las salas de ambas corporaciones en las próximas dos semanas.
En total, el Ejecutivo se abrió a $ 96.800 millones en reasignaciones de recursos desde la partida del Tesoro Público y dentro de los mismos ministerios. En el desglose, se contabilizaron $ 29.000 millones de reducción del Tesoro Público, $ 18.000 millones en reasignaciones internas de cada ministerio y $ 48.000 millones en créditos para los Serviu regionales.
La partida más importante en términos de recursos fue Educación, con $ 8.000 millones adicionales para fortalecer la educación superior y $ 2.500 millones para el programa Conycit -uno de los más polémicos durante su tramitación en las subcomisiones de Presupuesto-. En convivencia escolar -tema en boga a propósito de Aula Segura- se agregaron $ 1.500 millones financiado por el Tesoro Público.
En el Ministerio del Interior, Hacienda reasignó $ 10.000 millones para incrementar los fondos de inversión para los gobiernos regionales, priorizando los que mostrarán menor expansión el próximo año. De esta manera, el Ejecutivo se hace cargo de una de las principales críticas de los parlamentarios en las instancias de trabajo en las subcomisiones. En la misma partida, se incrementaron en $ 1.000 millones los fondos de rehabilitación para Senda, otro de los puntos que generó controversia entre el gobierno y el Congreso.
En Cultura, por otra parte, se incrementaron en $ 1.200 millones las transferencias, de las cuales $ 1.080 millones se destinan a recuperar aportes basales a instituciones específicas. Recursos provienen del Tesoro Público.
Luz verde a TVN
En la cartera de la Mujer y Equidad de Género, Hacienda inyectó $ 1.000 millones para el programa de atención, protección y reparación integral de la violencia contra las mujeres, mientras que en Vivienda se incrementaron en $ 48.400 millones la partida préstamos para los Serviu de Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, que eran las reparticiones que menor crecimiento exhibían en el erario 2019.
En Salud, la reasignación de recursos alcanzó los $ 6.500 millones para camas de corta estadía, pañales para adultos mayores y rehabilitación de drogas y psicotrópicos.
En Transporte, otra de las partidas que generó roces entre el gobierno y los parlamentarios, Hacienda acordó incrementar en $ 6.000 millones el subsidio al transporte público en regiones (el denominado FAR) a través de platas del Tesoro Público. Así, se desactiva una de las principales demandas de los parlamentarios regionalistas.
Uno de los puntos clave es que Hacienda acordó una capitalización extraordinaria de hasta US$ 25 millones para TVN para los próximos 24 meses en una o más cuotas. La compañía ha estado bajo presión luego de que la Dirección de Presupuestos le aprobara solo la mitad de los US$ 47 millones de la capitalización aprobada el año pasado.
Durante estos momentos, la comisión mixta de Presupuestos continúa sesionando en Valparaíso para ratificar el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo. De aprobarse lo dispuesto por Teatinos 120, el erario estaría en condiciones de ser votado a partir de mañana martes en la Sala de la Cámara de Diputados tanto en general como en particular, lo que se espera esté resuelto esta semana.
La próxima semana será el turno de ratificar el acuerdo en el Senado. En caso de generarse discrepancias, la última semana de noviembre estará destinada a una comisión mixta para zanjar las diferencias. El texto tiene plazo máximo de aprobación el 30 de noviembre.
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