El proyecto de ley de Presupuestos 2025 entra en tierra derecha en su trámite en el Congreso. Este martes, comenzará su discusión en la comisión especial mixta de Presupuestos, donde el Ejecutivo y el Legislativo buscarán destrabar la tramitación del erario, en un contexto marcado por débiles cifras económicas y presiones por mayores recortes del gasto público.
Según Hacienda, el gasto público crecerá 2,7% el próximo año en comparación al actual y un 3,8% si se compara con la ejecución proyectada para el 2024.
Con este telón de fondo, han sido variados los análisis que han puesto foco en distintas características del erario del próximo año. Uno de los más recientes pone la lupa sobre un tema de alta incidencia en la política social: las transferencias monetarias que realiza el Estado directamente a las personas.
Un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) da cuenta de que la propuesta del Ejecutivo para el próximo considera una caída real de 2,3% en el gasto destinado a transferencias monetarias, con lo que dichos aportes representan un 14% de los desembolsos totales del Estado. Esto, a su vez, implica una reducción de 0,7 punto porcentual (pp.) respecto al erario del actual ejercicio.
El reporte de los investigadores Felipe Bettancourt, Matías Otth y Margarita Vial, detalla que la reducción del gasto en transferencias equivale a US$ 303 millones. Con todo, los aportes estatales a los bolsillos de las personas ascenderán a cerca de US$ 13.000 millones el próximo año, lo que equivale a un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto última implica una reducción de tres décimas en la participación de las transferencias en el tamaño de la economía si se compara con el Presupuesto del 2024.
Ambos ratios se alejan del máximo alcanzado en 2023, cuando un 15,8% del gasto -equivalente a un 4% del Producto- se destinaba a subvencionar a las personas.
¿Dónde se concentran los aportes?
Según la investigación, hay una transferencia que resalta por sobre las demás.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) constituye la principal transferencia monetaria directa en Chile, concentrando casi el 50% de las aportes totales.
Así, en comparación al Presupuesto de este año, los desembolsos para el pago de la PGU se incrementan un 3,1%. Mientras que en contraste, destaca la baja de los fondos para el pago del Subsidio Único Familiar (15,7%, US$% 140 millones menos que este año) y el fin de programas como el Bolsillo Familiar Electrónico y el Ingreso Mínimo Garantizado, ambos implicando la liberación de fondos por US$ 290 millones.
"Esto va en línea con el retiro de programas transitorios o de emergencia que comenzó el año 2023, pero se contrapone con el aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal en US$ 200 millones", explican Bettancourt, Otth y Vial.
La PGU explica un 51% del total de transferencias del Estado hacia los ciudadanos, tres puntos porcentuales mayor al 2024. Mucho más atrás le siguen las pensiones del sistema de reparto y leyes reparatorias de Derechos Humanos, con un 21% del total (mismo peso que este año). Luego vienen las pensiones del Aporte Previsional Solidario (APS, con el mismo 6% que este año), el Subsidio Único Familiar (de 7% a 6% respecto a 2024), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (5% en ambos ejercicios), y el Aporte Familiar Permanente (2% en los dos años analizados).
Gasto en personal versus transferencias
El análisis también se enfoca en el peso de los subsidios directos en comparación con otro gasto importante dentro del Presupuesto: el destinado a financiar el personal del aparato estatal.
Así, en 2025 el monto destinado al gasto en personal (conocido como el subtítulo 21) ascendió un 19,5% del total, mayor que el destinado a transferencias directas (14%). En el caso de la inversión pública, esta corresponde a un 15,9% del total de gasto del Estado, ubicándose por sobre de las transferencias directas.
Para hacerse una idea, el Presupuesto 2024 consideró que un 18,9% del gasto se destine a personal, un 14,7% a transferencias directa y un 15,7% a inversión estatal.
Propuestas para el debate
Los autores enfatizan que las transferencias monetarias representan un mecanismo "eficaz y eficiente" del gasto público, con "bajos" gastos administrativos y que permiten llegar en forma "directa y en gran proporción" a los beneficiarios. Si bien las transferencias directas constituyen solo una parte de la política social, señalan que es "imperativo" que comiencen a recibir una mayor atención y escrutinio.
Al realizar este monitoreo, Bettancourt, Otth y Vial constataron al menos dos situaciones que ven necesario abordar: la primera es la "dificultad" de identificar las transferencias directas, tanto en su información, como en su segmentación y definición oficial; y la segunda, el bajo desarrollo de este mecanismo y las potenciales sinergias entre instituciones públicas para proveer de beneficios directos a las personas.
"Se propone avanzar hacia la consolidación de las transferencias monetarias en un mismo sistema, mediante la incorporación de reportes oficiales tanto en el contexto de la discusión presupuestaria como en la ejecución presupuestaria, de modo de poner a disposición de autoridades, académicos y público en general la información de las transferencias monetarias que entrega el Estado en forma directa. Esta disponibilidad cobra especial relevancia hoy, en medio del debate legislativo", concluyen.
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