1. Censo 2012
Fue anunciado con bombos y platillos como el "mejor censo de la historia". En 2012 por primera vez se modificaría la metodología utilizada en Chile hasta entonces, pasando de un censo de hecho –que se hace en un día y registra a las personas que están ese día en el hogar- a uno de derecho –que se realiza durante varios meses y registra a las personas que viven en una casa aunque ese día estén ausentes-.
Tres semanas luego de reportados los datos, el 2 de abril de 2013, la tormenta estalló: se acusó al entonces director del INE, Francisco Labbé, de irregularidades y de manipular las cifras. Labbé renunció al cargo junto a sus asesores, asegurando que las acusaciones eran infundadas y respondían a un ambiente "politizado".
El gobierno convocó a dos comisiones técnicas de expertos para analizar las cifras, que enredaron el análisis aún más: la comisión local -integrada por David Bravo, Osvaldo Larrañaga, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano- aseguró en agosto de 2013 que la muestra tenía "serios problemas" y recomendó no utilizar los datos para elaborar cifras oficiales. En contraste, la comisión internacional –formada por Roberto Bianchini, Griffith Feeney y Rajendra Singh- concluyó en noviembre de ese mismo año que no era necesario realizar un nuevo censo, puesto que el porcentaje de datos faltantes para la mayoría de las variables del cuestionario era "bajo".
Finalmente, en 2017 se realizó un nuevo censo de hecho que determinó que la población chilena era de 17.574.003 personas.
2. La debilidad del mercado laboral
Las cifras laborales del INE abrieron un nuevo flanco en el último año. Luego de que el Banco Central planteara que los registros administrativos sugerían una generación de empleo más evidente que la arrojada por encuesta del ente estadístico y, más coherente con la reactivación de la economía en 2018 -cuando el PIB creció 4%-, desde el gobierno se insistió en rescatar los números aportados por la Superintendencia de Pensiones y Administradora de Fondos de Cesantía para dar cuenta de un incremento más notorio en los puestos de trabajo. Todo en un contexto donde la tasa de desocupación del INE se ha sostenido en las cercanías del 7%.
3. El proyecto de ley que fomenta la autonomía del INE
Puso frente a frente a las nuevas y antiguas autoridades del Ministerio de Economía. De hecho, recién este año la administración Piñera optó por agilizar la iniciativa, destacando que la agenda legislativa no lo había permitido en un inicio.
4. Dudas por la nueva canasta de IPC
Si bien fue un debate más bien limitado al mundo de los técnicos, algunos economistas cuestionaron la forma en que se hizo el empalme de las cifras del IPC, que fue informado por el INE a comienzos de año tras la renovación del indicador.
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