A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Pago Oportuno, que establece un plazo máximo de 30 días para que las empresas cancelen a sus proveedores los servicios y bienes adquiridos, los pactos contemplados en la normativa para prorrogar dicho período ya superan los 60 mil.
De acuerdo con el informe que elabora el Ministerio de Economía, en mayo se inscribieron 9.063 acuerdos de excepción, con lo que en total acumulan 63.391.
Con ello el quinto mes del año se encuadra como el segundo período -desde que se tiene registro- en donde las empresas más recurrieron a la necesidad de postergar sus pagos a proveedores.
"Aunque la cifra disminuyó en mayo, seguiremos viendo un alto número de acuerdos de excepción en materia de plazo de pago, principalmente porque las Mipyme han sido las más afectadas por el estallido social y la crisis sanitaria”, comentó el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.
Esto porque, a juicio del dirigente gremial, es un correlato de la falta de liquidez de las empresas que se ha profundizado con la pandemia por Covid-19 durante los últimos dos meses.
Ante ello, valoró lo positivo de estas excepciones “porque básicamente permiten aliviar el bolsillo de las Mipyme, sobre todo de aquellas que son compradoras de grandes empresas".
En la misma dirección apuntó la presidenta de Asech, Alejandra Mustakis: "Lo ocurrido en mayo sigue siendo una cifra alta en comparación a meses anteriores. Y, junto a lo permitido por la normativa vigente, seguimos inmersos en un contexto muy complejo e incierto y esto va a tener un impacto también en estos acuerdos".
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En esta misma dirección apuntó el subsecretario de Economía, Esteban Carrasco, quien al analizar por tamaño de empresas señaló que las cifras revelan que “una mayor cantidad de acuerdos está siendo utilizado por empresas PYME para poder pagar en un mayor plazo a empresas proveedoras grandes, siendo las PYME beneficiadas por esta ley, lo que justamente era lo que buscábamos como Gobierno con la Ley de Pago a 30 Días”.
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El peak histórico de abril
El registro del quinto mes evidencia una caída mensual de 55,9%, esto luego que en abril se registrara un peak histórico de más de 20 mil suscripciones.
Carrasco reiteró que el fenómeno de abril debe ser calibrado como “un hecho puntual y por una sola vez” que tiene directa relación a la puesta en marcha de la obligatoriedad del pago a 30 días.
“El 1 de abril comenzó a regir un cambio en la ley, que establece que el plazo legal de pago a proveedores es de hasta un máximo de 30 días. Entonces, aquellas empresas que, por ejemplo, acordaban un pago a 45 días (sin tener que informar nada), desde el 1 de abril tuvieron que tomar una decisión: o bien pagaban a 30 días o hacían un acuerdo excepcional con sus proveedores, el cual ahora debe informarse en el Registro de Acuerdos del Ministerio de Economía”, detalló.
Similar análisis tiene Mustakis: "Se ve una baja de los acuerdos en comparación con el mes de abril, creemos que es parte de un equilibrio luego del efecto de la entrada en vigencia de la ley que fue en el mismo mes. Además, entendiendo el contexto, también influye la resistencia de parte de los acreedores de esas facturas, porque no existe la caja suficiente para aguantar un plazo superior a 30 días".
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