Este martes, la Sala de la Cámara Baja votó el Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno, en especial del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación ProCultura desde 2019 a la fecha, y el control y fiscalización de dichos recursos entregados y rendidos.
El documento, aprobado por 81 diputados, señala que se detectaron sobreprecios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos; debilidad institucional para controlar y fiscalizar; una “intrincada red de empresas” tras ProCultura; convenios express como “modus operandi”; la insuficiente evaluación institucional que favoreció a la citada fundación; las relaciones tras las asignaciones a ProCultura que devinieron en conflictos de interés; vacíos procedimentales que habrían permitido la entrega irregular de recursos públicos; la opacidad tras las transferencias a ProCultura; y, omisiones de inhabilidad y vínculos no declarados entre gobernadores y la fundación.
En este contexto, se le asigna especial responsabilidad en los hechos investigados en el marco del caso ProCulturay a los gobiernos regionales involucrados. En este caso, hace especial hincapié en el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Sobre la autoridad, el informe señala que Orrego tiene especial responsabilidad desde el punto de vista político, ya que la transferencia directa a ProCultura de más $ 1.500 millones para el programa “Quédate” se realizó “de forma acelerada y sin el debido respaldo técnico-administrativo” y “en un contexto de conocidos vínculos personales y profesionales previos con Alberto Larraín”, situación que “debió haber motivado la declaración inmediata de inhabilidad administrativa”, lo que según la documentación revisada -dice el texto- no habría ocurrido.
No obstante, también responsabiliza al exsubsecretario de Desarrollo Regional y exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi; y al Ministerio de Vivienda.
A partir del resultado de la investigación, la comisión investigadora, cuyo informe fue aprobado por mayoría, hace una larga lista de propuestas legislativas, algunas en trámite; como también mayores recursos y facultades fiscalizadora para la Contraloría. Ello no descarta que se asuman responsabilidades penales por parte de quienes corresponda, en el marco de la investigación judicial que está en proceso.
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