Dos hechos ocurridos en las últimas semanas tienen en alerta al mundo político, pidiendo responsabilidades administrativas en materia regulatoria: el primero fue el corte de agua de diez días que afectó a Osorno, producto de la contaminación en la planta de la sanitaria Essal, que tiene a la compañía en el centro de la polémica y con la solicitud transversal de que se le revoque la concesión; el segundo, un reportaje de Informe Especial que develó que cientos de propiedades ubicadas en el barrio alto no pagarían contribuciones o montos irrisorios para su valor comercial.
Controversias que llevaron a un grupo de senadores de la Democracia Cristiana (DC) a trabajar un documento en el que proponen una serie de medidas para fortalecer la agenda regulatoria a nivel sanitario y tributario, en paralelo a las iniciativas de modernización del Estado que prepara el Ejecutivo.
El documento, firmado por la jefa de senadores de la falange Yasna Provoste, parte asegurando que cualquier propuesta de modernización del Estado debe poner "como foco la urgencia de modernizar los marcos regulatorios y potenciar la fiscalización a los proveedores de servicios básicos", en contraposición al set de medidas que presentó La Moneda la semana pasada.
"El actual Gobierno propone centrarse en la transformación digital, que busca hacer de las plataformas digitales la forma en que el Estado se relaciona con la ciudadanía. La agenda modernizadora del presidente Piñera presentada la semana pasada pone su atención en portales y en oficinas virtuales que muchas veces funcionan defectuosamente como el Hospital Digital y no tiene ninguna mención a la protección de los ciudadanos y las personas frente a los abusos de las empresas proveedoras de servicios públicos básicos", señala el reporte.
Nueva ley sanitaria
Respecto al caso Essal, los parlamentarios consideran "urgente" modernizar la Ley de Servicios Sanitarios, dado que la actual legislación "es completamente insuficiente". Así, propone reducir la tasa de rentabilidad garantizada para las compañías del sector desde el 7% actual a un 5%.
"Diversos estudios técnicos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios revelan que una rentabilidad del 5% permite una buena calidad de servicio como es el suministro, las inversiones adecuadas para tratamiento de aguas servidas, reposiciones" complementa el reporte.
Adicionalmente, buscan aumentar la transparencia en los procedimientos de fijación de tarifas, abriéndolos a observaciones de la ciudadanía e incrementar las multas por incumplimiento de las compañías.
Así, proponen crear tres categorías de sanciones: leves, con multas de una a mil Unidades Tributarias Anuales (UTA); graves, entre mil a 5 mil UTA; y gravísimas, cuyo castigo oscilará entre 5 mil y 10 mil UTA. Por último, la DC apunta a gatillar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos como la contaminación del agua potable.
Con el ojo en el Presupuesto 2020
Respecto al SII, el reporte propone "potenciar" la acción fiscalizadora del servicio, manifestando su "preocupación" respecto a que el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno "traiga normas que debilitan la función fiscalizadora del SII", lo que se constata también en la "insuficiencia de la fiscalización del pago de los impuestos territoriales".
Junto con reiterar que la DC rechazará "cualquier norma que debilite la capacidad recaudadora del SII", los legisladores señalan que pedirán a Hacienda que en el Presupuesto 2020 se plantee un "reforzamiento" de los recursos para "actualizar" el cobro de los impuestos regionales y evitar "todo tipo de evasión y elusión tributaria".
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Congreso
