La pelea para reducir la burocracia y, con ello, generar una vía más expedita a la inversión ya tiene ejemplos claros en el mundo. Y tres de ellos los pusieron en la mesa un análisis tanto del Centro de Estudios Públicos (CEP) como de Pivotes, de forma de contribuir a agilizar en el Congreso el debate del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales del Ejecutivo. Se trata de España, Portugal e Israel, los que coincidentemente impulsaron -bajo una lógica de país- cambios tendientes a usar el análisis de impacto como una herramienta clave para identificar áreas donde la regulación puede ser simplificada o, bien, eliminada sin comprometer la protección ambiental, así como para evitar la dictación de nuevas leyes que compliquen en exceso el entramado normativo.
La nación hispana, que introdujo en 2009 reformas legales que apuntaron al libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se centró principalmente en simplificar la regulación, reemplazando el control ex post de los proyectos de inversión por opciones como comunicaciones previas y declaraciones juradas.
En el terreno ambiental, se dictó en 2013 y 2017 un Real Decreto para reducir procedimientos centrados en los aspectos de unificación de normativas y terminología, procedimientos ordinario y simplificado, y plazos específicos para cada tipo de evaluación.
Portugal, en 2006, inició los programas Simplex, que permitieron establecer un marco general de mejora regulatoria para los permisos sectoriales, a través de transformación digital y participación ciudadana. También se incorporaron evaluaciones periódicas de estas con propuestas civiles, de emprendedores y funcionarios públicos para su refinación y el desarrollo de nuevos servicios.
A esto sumó acciones como Revoga+, Unilex y Quanto Custa?, que se centraron identificar 1.589 disposiciones legales que entorpecían el sistema de permisos, localizar normas que la nueva legislación hacía redundante, innecesaria y obsoleta, además de cuantificar los costos para el sector privado de cualquier nueva normativa y contratarlos con los beneficios esperados.
En 2014, Israel adoptó resoluciones gubernamentales que se enfocaron en evaluación de impacto ex ante y ex post para todas las leyes, con lo que se redujo la carga reguladora y se evaluó antes de formular nuevas normativas, con el objetivo de agilizar procesos administrativos y de cumplimiento para los agentes económicos y sociales.
También se creó un sitio web gubernamental de regulación, con objetivo de transparentar y delinear estructuras organizativas para implementar estas medidas.
Así, estas tres naciones mejoraron en el indicador Diseño y Evaluación de Políticas Ambientales (DEEP) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), medición que se divide en subindicadores de costos administrativos que se imponen a los titulares de proyectos, impacto de la regulación en la competencia, y calidad de evaluaciones de políticas ambientales tanto ex-ante como ex-post.
En esta última dimensión, entre 2013 y 2018, los tres países mostraron avances de 57%, 56% y 34%, respectivamente. Y la nueva configuración implicó mejora en los subindicadores de evaluación de las políticas nuevas y existentes de 78% en el caso de España, 71% para Israel y 50% para Portugal.
Pese a que las soluciones responden al contexto de cada país, el investigador del CEP, Eugenio García-Huidobro, sí subraya que evidencian el pragmatismo con la que los gobiernos han simplificado sus sistemas de permisos.
A su juicio, la experiencia comparada evidencia que condicionar una actividad económica a un permiso previo no siempre es una alternativa mejor o más eficiente. “No se trata necesariamente de tener menos regulación, sino que ella sea pensada en forma más inteligente”, dice.
El director de Incidencia de Pivotes, José Antonio Valenzuela, destaca que los países analizados han logrado reducir cargas administrativas y mejorar la calidad de la regulación ambiental mediante la consolidación de normativas, la digitalización de procesos y la aplicación de evaluaciones de impacto que garantizan carga de regulaciones innecesarias.
¿Qué sumar al proyecto chileno?
Mientras que García-Huidobro celebra la propuesta del Gobierno de la reforma al sistema de permisos sectoriales “como un primer esfuerzo”, sostiene que todavía hay mejoras que se pueden hacer. Una de ella es revisar la propuesta de Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, pues en su opinión “hay que determinar con mayor precisión qué se busca específicamente con su creación”.
Aquí sugiere la adopción de algún modelo regulatorio como la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa española o la agencia federal estadounidense Fpisc, cuyo objetivo es mejorar la transparencia y predictibilidad de la evaluación ambiental federal y de los procesos de autorización de infraestructura crítica.
Basado también en lo visto en España, Estados Unidos y Portugal, sugiere racionalizar los permisos sólo a actividades o proyectos en que el riesgo involucrado así lo justifique, recurriendo en los restantes casos a otras técnicas de regulación ex-post, como declaraciones juradas o comunicaciones.
Valenzuela sugiere que se adopten evaluaciones de impacto regulatorio ex ante y ex post para todas las nuevas legislaciones. “Este enfoque permite una revisión detallada de los costos y beneficios antes de la implementación de nuevas normativas”, explica.
También cree que se deben seguir los pasos de Israel en la digitalización de procesos y técnicas alternativas al permiso tradicional para reducir los tiempos de tramitación, una medida que ha avanzado en la tramitación ambiental chilena, pero que todavía le falta a nivel sectorial.
Y finalmente, propone mejoras en cuanto a la revisión y consolidación legislativa, a través de la aplicación de un programa como el Revoga+ de Portugal, que busca identificar y eliminar normativas obsoletas; y el Unilex, que exige una consolidación legislativa para evitar redundancias normativas.
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