Mientras se debate la conveniencia de realizar o no las elecciones a gobernador regional en 2020, un grupo transversal de diputados busca terminar con las inhabilidades que les prohíben postular a ese nuevo cargo. De manera sigilosa, parlamentarios de todas las tendencias han desarrollado un intenso lobby ante el Gobierno para conseguir el respaldo a un proyecto de ley que les permita competir por alguno de los 16 cupos que generará el fin de la figura de los intendentes regionales.
El proyecto, ingresado a trámite el 19 de junio pasado con menos ruido del que habitualmente hacen los legisladores cuando se trata de una iniciativa propia, reforma varias leyes orgánicas constitucionales. Fue presentado por el actual segundo vicepresidente de la Cámara, Pepe Auth, y el diputado gremialista Issa Kort y elimina todas las inhabilidades de quienes ejercen cargos de representación popular para competir por cualquier otro puesto similar, perdiendo eso sí, el que ya tienen.
Ello, en medio de la demora del Ejecutivo por enviar al Congreso un proyecto de ley que resuelva los numerosos vacíos legales que dejó el texto original de la elección de gobernadores prevista para octubre de 2020 y el anuncio en la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera de reducir a 120 el número de diputados y a 40 la cantidad de senadores.
En este frenesí por concitar apoyos, algunos de los patrocinantes de la iniciativa –la vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal (PPD); la vicepresidenta de RN, diputada Paulina Núñez; el jefe de la bancada de la UDI Javier Macaya, el jefe de la bancada socialista Manuel Monsalve, el diputado Gabriel Silber (DC) y el diputado de Evópoli Francisco Undurraga- han multiplicado las reuniones, especialmente con representantes del Ejecutivo: el lunes 8 los recibió el ministro del Interior, Andrés Chadwick; el martes 9 se juntaron con la Asociación Nacional de Cores y el miércoles 10 con el ministro y el subsecretario de la Segpres, Gonzalo Blumel y Claudio Alvarado, respectivamente.
¿Ventaja para parlamentarios?
Este proyecto reabre, no obstante, la discusión acerca de cuán adecuado es permitir a los parlamentarios renunciar a sus cargos para postular a otros de elección popular; y si, pasar de uno a otro puesto, no les da ventaja sobre aquellos aspirantes con menor exposición pública.
En ese sentido, al presidente de Chile Transparente, Alberto Precht, le preocupa que “cualquier iniciativa que busque generar más ventajas para aquellos que ya tienen muchas, sin duda va a ser repudiada por la ciudadanía”. Y, a su juicio, los parlamentarios corren con ventaja respecto de otros aspirantes.
El 2017 los diputados tuvieron entrampado el debate al proponer que los parlamentarios pudieran postular a gobernador regional y volver al Congreso si perdían. Eso provocó que los senadores se inclinaran por la inhabilidad total.
En contraste, el presidente de RN, diputado Mario Desbordes, sostiene que las inhabilidades “generalmente tienen que ver con querer blindarse o evitar la competencia” y, en su opinión, “lo que hay que provocar es el máximo de competencia posible”, por lo que apoya la iniciativa. Sin embargo, advierte que “hay que tener cuidado con aquellas personas que se eligen en un cargo y abandonan prontamente a su electorado para irse a otro”. Con él coincide el senador (RN) Francisco Chahuán, quien añade que “hay que cuidar que las personas que manejan recursos públicos tengan ventaja respecto de aquellos que no”.
En esa misma línea, el timonel socialista, senador Álvaro Elizalde, plantea que las inhabilidades deben ser excepcionales y que sólo se justifican en el caso de los ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicios y los alcaldes; “pero en el caso de los parlamentarios no debiera existir ningún tipo de inhabilidad para que puedan competir”.
Espacio Público analiza a fondo la propuesta
Al director de Espacio Público, Alejandro Ferreiro, le preocupa la iniciativa, ya que estima que "desde la perspectiva de favorecer la competencia electoral, favorece la competitividad a los incumbentes, pero se la disminuye a los ciudadanos de a pie, que quisieran oxigenar la política con caras nuevas, para competir con aquellos incumbentes que van a gozar de ciertos beneficios para postular desde un cargo a otro sin mayores restricciones", advierte.
A su juicio, la propuesta de los diputados podría convertirse "en una suerte de sillas musicales en la política", que si bien puede favorecer la competencia, arriesga la generación de una desigual entre quienes son incumbentes en cargos públicos, "que gozan de una dieta o alguna remuneración, de alguna exposición pública, de acceso a recursos públicos y que, por tanto, se encuentran en mejores condiciones relativas que un ciudadano de a pie para competir en un cargo".
Además, Ferreiro repara en los efectos que podría provocar quitarle las inhabilidades a los consejeros regionales (cores). En su opinión, hay "un riesgo de conflicto de interés mayor", porque "hoy día tienen como función principal la asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional". Y, dado que "hay, probablemente, dos miradas distintas acerca del cómo esos recursos se deben asignar: que obedezca a una planificación de base regional con una mirada coherente, consistente, en base a un plan de gobierno que proponga a futuro un gobernador regional electo. O, fragmentar estos recursos e ir asignándolos a proyectos relativamente pequeños con una clara identificación comunal", su preocupación es que esta segunda mirada prevalezca en el caso de un consejero regional que aspire a postular a alcalde o concejal, lo que es un serio problema para el gobierno regional si eso se transforma en regla general.
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