Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria y las administradoras de fondos de inversión encabezaron las sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante 2021. Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el Observatorio Sistema de Prevención de Lavado de Activos del estudio de abogados Balmaceda, Cox & Piña al analizar las cifras referidas a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
El informe señala que la actividad fiscalizadora de la UAF fue mayor el año pasado que en ejercicios anteriores, aunque los procedimientos y sanciones -que sufrieron un brusco descenso en 2020 por la pandemia- aumentaron solo levemente.
Los principales incumplimientos se relacionan con la falta de verificación en listas de negatividades, fallas en Manual de Políticas y Procedimientos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, falta de verificación personas políticamente expuestas, y ausencia de capacitación al personal.
Las sanciones aplicadas por la UAF fueron amonestaciones en todos los casos. Se aplicó un bajo número de multas (cinco casos). La UAF justificó esta decisión por la situación de pandemia.
En el periodo examinado se cursaron multas por 230 UF, con un promedio de 46 UF por sanción y rangos entre 30 UF y 180 UF.
El socio de BCP, Juan Ignacio Piña, dijo que después de una notoria baja de procedimientos y sanciones en 2020 “todos los números subieron un poco, pero todavía no alcanzan sus niveles históricos. Pero eso está lejos de ser un reproche, porque hay que tener claro que esto ocurre en un periodo muy complicado tanto para autoridades como para empresas fiscalizadas”.
Factor cultural
El abogado destaca como resultado que hay cierta tendencia a que “donde hay formulación de cargos, la UAF termina sancionando. “Eso demuestra -dice- que hay una cierta coherencia y que en general la formulación de cargos implica una relativa convicción de la UAF”.
Otro hallazgo interesante -plantea- es que “si bien se acogen parcialmente los descargos, hay una tasa de reposición prácticamente inexistente, es decir, las empresas en general se conforman con la sanción impuesta” y que “a los sujetos obligados, de alguna manera, les parece razonable tanto el proceso como la sanción que se les impone”.
Respecto al sector inmobiliario -que lidera los incumplimientos-, Piña advierte un tema cultural. Mientras hay ciertas actividades, como las vinculadas al mercado financiero donde todos los estándares están internalizados -“lo que tienen que aplicar está en su ADN y les es relativamente sencillo”-, hay rubros que no tienen esa tradición.
“Más que un comparativo entre distintos sujetos obligados, hay que ir año a año comparándolas consigo mismas, eso es lo correcto”, afirma. A su juicio hay razones de construcción de culturas corporativas que se van desarrollando evolutivamente con el tiempo y lo importante es que de estas empresas que tienen un determinado número de sanciones “el próximo año demuestren mejores cifras”.
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