Aproximadamente 9.596 procesos judiciales activos en todo el territorio nacional, con reclamos agregados por $ 13.937.454 millones (unos US$ 20 mil millones al 31 de diciembre de 2018), mantiene el Estado de Chile. La información es parte de los antecedentes que el gobierno entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), como parte de la actualización anual que debe realizar para el registro de emisión de bonos soberanos.
Según el documento, a nivel nacional Chile es un acusado en juicios ante tribunales locales que buscan reparación por daños supuestamente causados por las acciones de instituciones o funcionarios públicos. Los casos están relacionados con expropiación, asuntos penales, civiles, fiscales, entre otros, según los antecedentes presentados en el formulario 18K entregado a la SEC.
Bajo este sistema, adoptado en 2015, la información se actualiza en mayo de cada año, independientemente de la realización de una emisión.
En el ítem Pasivos Públicos Contingentes, se detalla que el gobierno central y otras agencias estatales se enfrentan a demandas privadas. Si los tribunales dictaminan contra el Ejecutivo o si se llega a un acuerdo, se requieren pagos. A junio de 2018, se precisa que el fisco había pagado aproximadamente $ 13.644 millones (aproximadamente US$ 21,1 millones al 31 de diciembre de 2018) en relación con las resoluciones judiciales definitivas emitidas en la primera mitad de 2018.
El primer formulario 18K enviado por Chile al regulador de EEUU en mayo de 2015 indicaba aproximadamente 25 mil casos activos que enfrentaba el fisco, con reclamos por $ 11.696.584 millones (unos US$ 19,3 mil millones de la época).
Garantías a concesiones
En el documento presentado a la SEC este año, se detallan las reclamaciones contra Chile con respecto a las concesiones de infraestructura, las que –se precisa- se resuelven mediante un sistema arbitral especial.
Según la información enviada al regulador norteamericano, las disputas pendientes ante el sistema arbitral involucraban reclamos del orden de 0,18% del PIB, equivalente a unos US$ 538 millones, a diciembre de 2018. “El gobierno chileno ha realizado pagos en aproximadamente el 29,6% de todas las reclamaciones presentadas en su contra desde que el sistema comenzó a operar”, se precisa.
Además, se destaca que el programa de concesiones de infraestructura considera que ciertos contratos entre el gobierno y un concesionario garantizan ingresos mínimos para el operador privado. Si son menores, el Fisco debe cubrir el déficit.
Así, el Ejecutivo estima que en 2018 se pagaron unos $ 39,2 mil millones (unos US$ 56,4 millones) a causa de las garantías del programa.
El último reporte enviado a la SEC, firmado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue presentado el pasado 8 de mayo ante la autoridad norteamericana. En éste se entrega una detallada descripción del país, situación de la economía, las finanzas y deudas del sector público, entre otros antecedentes.
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