Las cárceles chilenas están bajo total control del Estado, aseguró el ministro de Justicia, Luis Cordero, en medio de las consultas acerca del grado de poder que tendrían las bandas delictuales en el país.
"El Estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente lo que sucede en su interior", dijo Cordero este domingo en el programa Estado Nacional de TVN. Esto, en un contexto marcado por el saldo de 45 homicidios en sólo 50 días en la Región Metropolitana, de acuerdo con dicha gobernación.
Cordero señaló que Gendarmería tiene la información y en las cárceles se realiza investigación criminal para desbaratar bandas fuera de estos recintos. "No significa que no estemos en circunstancias de preocupación", puntualizó, señalando que la situación de inseguridad que se vive actualmente en Chile "requiere de intervenciones urgentes".
"El problema está en que han aumentado los homicidios de imputados desconocidos, lo que genera le efecto de impunidad", mencionó como una de las razones detrás del fenómeno.
Lecciones de Ecuador
El secretario de Estado afirmó que "el sistema de justicia está estresado" a causa de "un aumento anormal de determinado tipo de delitos y de imputados", poniendo cuidado en señalar que se deben evitar los juicios xenófobos al hablar de la nacionalidad de los imputados.
Sobre las cifras que indican que una mayoría de encarcelados en la región de Tarapacá son actualmente extranjeros, explicó que estos presos tienen una "cultura criminal distinta", siendo "más proclives a ciertos tipos de delitos que en el país no eran conocidos con anterioridad".
Consultado por la situación de Ecuador -donde el Ejército entró en un abierto enfrentamiento con bandas de narcotraficantes en rebelión-, llamó a analizar cómo el crimen organizado permeó las instituciones del sistema de justicia, añadiendo que se debe ser intolerante con los hechos de corrupción, ya que estos serían el factor clave detrás del ascenso del narco en cualquier país.
El ministro defendió su postura de que "tenemos hoy día un abuso de la prisión preventiva", considerando que en el norte, las tasas de este tipo de encarcelamiento superan a las de las prisiones por condena. Argumentó que esto impide segregar adecuadamente y tener políticas de reinserción adecuadas. "Hablar en contra del encarcelamiento es impopular, pero creo que tenemos que hacernos cargo", sostuvo.
Frente a esto, detalló que el Ministerio anunciará próximamente un nuevo plan carcelario, y que de aquí a 2033, el país debería ver un aumento de poco más de 20 mil nuevas plazas del sistema.
Se requiere concretar un "plan maestro de infraestructura penitenciario", aseveró el ministro. Los estudios en los que se apoya la cartera de Justicia contemplan unas 80 mil personas privadas de libertad en el peor de los escenarios. Aplicando las medidas adecuadas, el saldo estaría entre 54 y 58 mil personas, de las cuales el sistema de infraestructura en el que está trabajando el ministerio podría hacerse cargo.
Delegada RM: "Estamos a tiempo como país"
Más temprano, en entrevista con Mesa Central de T13, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, aseguró que la crisis de seguridad se tiene que abordar con "medidas urgentes", pero también destacó aspectos positivos que tiene el país.
"Estamos a tiempo como país. Nosotros podemos desarticular bandas hoy día que están apareciendo, tenemos una desarticulación de un factor importante del Tren de Aragua, tenemos control sobre las cárceles, estamos haciendo investigaciones permanentes", dijo.
Esta semana, añadió, "tuvimos una intervención en Santiago 1, tanto al interior como al exterior de la cárcel, sin mayores problemas, lo que habla también de que hay un control y también tenemos instituciones que funcionan, que conversan entre sí".
En su intervención, recalcó que es bien importante tener claro cuáles son los desafíos, la urgencia y "ser muy responsables en no minimizarla de ninguna forma, pero también mencionar las potencialidades que tiene nuestro país". En esa línea, advirtió que "estamos trabajando decididamente para dar vuelta esa tendencia".
La delegada también destacó que ha habido una estrategia que ha tenido buenos resultados tanto en la macrozona sur como en la macrozona norte. En ese sentido, consultada por la posición reacia del Gobierno para aplicar estado de excepción, a pesar de que hay un factor común en esa estrategia mencionada que es la presencia de Fuerzas Armadas, Martínez aseguró: "Nosotros como Gobierno tenemos que ser responsables y tener capacidad de evaluar y sopesar todas las medidas que tengamos en nuestro sistema político, y en eso no hemos tenido empacho en utilizar esta herramienta en otras situaciones".
El punto, añadió, "es poder preguntarnos seria y responsablemente si este tipo de tácticas sirve para lugares densamente poblados, cosas que hemos visto en otros lugares en experiencia comparada respecto a cómo se pueden bajar los homicidios, tiene que ver primero con hacer una persecución penal efectiva".
De todas formas, sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en la región, reconoció: "Siempre tiene que estar en evaluación y tiene que estar en evaluación con quienes más saben de esto, con experiencia comparada, pero también con lo que hemos vivido en nuestro país. Sin embargo, también en nuestra región vivimos ciertas situaciones que muestran que un mayor abandono del espacio público por parte de las personas también afecta su deterioro".
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