Dada la compleja situación económica que está generando la pandemia, Convergencia Progresista –que agrupa a los partidos Socialista, PPD y Radical- proponen al gobierno una serie de medidas concretas para ir en ayuda de las familias que más lo requieran y las PYME; a través de un seguro familiar y un subsidio de desempleo y, adicionalmente, créditos a largo plazo con bajas tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas.
A través de una declaración pública conjunta, los timoneles del PS, Álvaro Elizalde; PPD, Heraldo Muñoz; y PR, Carlos Maldonado, señalaron que "sabemos que el impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos será una recesión, no sólo en Chile, sino a nivel global la mayor desde la segunda guerra mundial. Para enfrentar esta difícil situación, se necesita un plan fiscal proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda".
Por ello es que propusieron un programa de rentas para toda la población que se quede sin ingresos, hasta finalizada la urgencia sanitaria. Ello, haciendo énfasis los trabajadores y sus familias. Ya que la prioridad y máxima preocupación de los dirigentes es que los trabajadores, tanto formales como informales y sus familias "queden cubiertos con una ingreso mensual digno" , ya que "el Estado es el único en condiciones de aportar recursos a todas las personas que han perdido sus ingresos normales", plantean que se haga a través de dos sistemas: un seguro familiar y un subsidio de desempleo.
El seguro beneficiaría a "todas las familias cuyos ingresos provengan de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato de trabajador (a) de casa particular. El aporte será proporcional al número de integrantes del hogar: $126.000 por cada miembro". Según el cálculo de los dirigentes "dado que la familia promedio en Chile tiene 3.1 miembros, el ingreso promedio que estas recibirían sería de $390.000 al mes".
Alrededor de 1.700.000 hogares deberían recibir el seguro familiar, por lo que su costo mensual sería de US$ 790 millones aproximadamente. Y para acceder a este seguro, las familias deberían estar inscritas en el Registro Social de Hogares (ya cubre al 74% de la población) y así constatar que ningún miembro de la familia tiene un trabajo formal (exceptuando trabajo de casa particular). El seguro sería preferentemente recibido por la mujer del hogar en cuestión y distribuido por BancoEstado a través de la cuenta RUT.
En cuanto al subsidio de desempleo, adicionalmente a lo propuesto por el gobierno, plantean que el Estado complemente con recursos del subsidio de desempleo los niveles de ingresos de los trabajadores en las empresas que, por razones justificadas y con acuerdo de sus sindicatos, no puedan pagar la totalidad de sus salarios durante la emergencia.
Para financiar estas medidas, cuyo costo –según sus cálculos- alcanzaría, aproximadamente, a 1,9 puntos del PIB (suponiendo tres meses de seguro familiar, si este se extendiera por cuatro meses, el costo sería de 2,58 puntos del PIB), sería "completamente financiable con los recursos que el Estado dispone o puede acceder. Bastaría con asignar menos de la mitad de lo disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social.", aunque estiman que sería conveniente usar una variedad de mecanismos de financiamiento, entre los que mencionan la adquisición de deuda externa, la venta de bonos del tesoro en el mercado secundario al Banco Central (requiere cambio constitucional) y la reasignación presupuestaria.
Convergencia Progresista también apunta a que el sector privado contribuya, postergando cobros de servicios básicos y deudas bancarias.
A poyo a las PYME:
"Es necesario crear condiciones para que la banca otorgue facilidades efectivas a las PYMES y empresas afectadas, no sólo para la renovón de sus créditos, sino que también para la ampliación de esos créditos", argumentan los dirigentes.aci
Para ello, la banca debería ofrecer créditos considerando, al menos, 120 días de gracia, con tasas de interés de entre 0,5% a 1% y con un plazo de pago de, a lo menos, 48 meses. A su vez, debería considerar la reprogramación de créditos sin el cobro de intereses, de un mínimo de tres meses, lo que podría ser extendido en caso que se prolongue la crisis. También se debería considerar la creación de un fondo de garantías gigantes (tipo FOGAPE) que permita garantía estatal cercana al 85%.
Para finalizar, Los timoneles opositores ofrecen su apoyo al gobierno para avanzar en las implementación de estas y otras medidas, señalando que "desde el progresismo estamos dispuestos a colaborar para que los planes se ejecuten en la práctica en el menor tiempo posible".
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