Paola Luksic Fontbona forma parte de la mesa de trabajo del programa Compromiso País, que enfrenta un problema que afecta a 1.431.162 personas en Chile. Ellos son quienes hoy habitan una vivienda sin servicios higiénicos básicos ni agua potable, en un país cuyo PIB per capita es de casi US$25 mil. Ayer, en el marco de la entrega de los diagnósticos y ejes de acción de las mesas de trabajo en La Moneda, hizo un balance del trabajo realizado por su grupo hasta ahora.
-¿Cuál es el diagnóstico de su grupo?
-La comisión ha trabajado todo este tiempo -en conjunto con el MOP, MDS y con el apoyo de la UC, Huella Local, Fundación para la Superación de la Pobreza y Amulén- para hacer un levantamiento de los datos existentes. Este es un problema genuino que no ha contado con la visibilidad necesaria para hacerle frente. Sabemos que más de 1,4 millones de personas no tienen servicios sanitarios básicos en Chile, lo que equivale a cerca del 8% de la población nacional.
El problema parece concentrarse en localidades rurales y pobres. Por lo mismo, es ahí donde hemos decidido enfocarnos.
Vemos que el acceso a agua potable en comunidades rurales semi concentradas abastecidas por sistemas de Agua Potable Rural (APR), cuentan con múltiples desafíos: el MOP demora como mínimo 38 meses en aprobar un proyecto nuevo, la Subdere tiene su propia cartera de proyectos y prioridades y existe un desafío tremendo en la mantención y ampliación de estos servicios a medida que las comunidades crecen. La UC ha levantado que en promedio un APR demora 60 meses en estar operativo, de los cuales un 56% del tiempo (equivalente a 2,8 años) son sólo dedicados a trámites o aprobaciones internas.
El problema radica en que existe un tremendo grupo de personas que no tiene abastecimiento formal y dedica su día a la recolección de agua, no pudiendo realizar otro trabajo. Sin contar con que la calidad y continuidad del servicio es muchas veces deficiente. En nuestra visita a Alhué vimos a personas que viven con 50 litros semanales de agua que son provistas por camión aljibe. Esto sorprende cuando las cifras hablan de que una persona necesita al menos 60 litros día como derecho humano. Ni hablar del impacto que tiene no contar con servicios de saneamiento de aguas en la salud de las personas.
Para comprender qué puede resultar en Chile, hemos realizado visitas a terreno y hemos estudiado la realidad en otros países como Israel, Australia y Paraguay, para entender qué mecanismos les han permitido enfrentar estos desafíos de forma exitosa.
-¿Cómo esperan enfrentar el tema?
-Este tema es complejo porque hay distintos tipos de problema, según se trate de un sector urbano concesionado, urbano no concesionado, rural semi concentrado o rural disperso. Eso determina también que las soluciones deban ser variadas. La solución para una localidad en el norte de Chile, donde hay baja precipitación, tiene que ser de naturaleza totalmente diferente a aquella que se aplique en la Araucanía, donde existe la oportunidad de captar aguas lluvias, por ejemplo. Estamos trabajando en mapear tanto las carencias como las posibles soluciones.
Por otro lado, la innovación también debe estar en los procesos de aprobación de los proyectos que permita agilizar la “tramitología” y en la gobernanza de los sistemas de APR (Agua Potable Rural).
-¿Se han propuesto plazos?
-En muchas ocasiones éste no parece ser un problema de recursos. El MOP cuenta con recursos y hay años en que no logra ejecutar totalmente su presupuesto. También están identificados los lugares donde quieren continuar bajo el modelo de APR. Aquí creemos que lo que falta es avanzar en una modernización de sistemas, digitalizar la comunicación entre servicios gubernamentales y abrirnos a implementar soluciones innovadoras actualmente no contempladas dentro del portafolio de soluciones del Estado. Todo esto puede requerir cambios regulatorios (leyes, reglamentos), como también mejorar prácticas internas. Hoy no existen plazos para superar el desafío que tenemos como país, pues dependerá de voluntades políticas. Nuestro compromiso es dejar una hoja de ruta que pueda ser utilizada por cualquier gobierno para solucionar este problema, con propuestas concretas desde el punto de vista de gestión y también regulatorio. Es necesario avanzar con urgencia, estamos hablando de un derecho humano.
-¿Cómo se explica que en 2019 Chile enfrente problemas de este tipo?
-Existe cierto grado de complacencia por la buena calidad y cobertura que tenemos cuando se trata de nuestros sistemas de agua concesionada. Los sectores concesionados cuentan con coberturas altísimas, del 99,9% para agua potable y 96,7% para alcantarillado según la SISS.
Son los más pobres los que están más alejados y tienen menos servicios. La problemática se agudiza cuando vemos cómo el cambio climático está afectando las fuentes de captación tanto de los APR como de las personas que se abastecen directo de ríos, lagos, esteros o incluso pozo. Por lo mismo, es ahora cuando hay que ponerlo sobre la mesa.
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