El atractivo inicial que generó la idea del gobierno de que las empresas contribuyan con un porcentaje de sus nuevos proyectos de inversión a las finanzas de las regiones –que es del 1%-, dio paso ahora a una serie de dudas. Quizás la principal, el apellido de "externalidad negativa" que debe acompañar a las iniciativas que involucran más de US$ 10 millones para quedar afectas a dicho mecanismo, que se incluyó en protocolo de acuerdo suscrito entre el gobierno y la Democracia Cristiana para dar viabilidad a la reforma tributaria.
"¿Qué es eso? ¿Quién lo califica? ¿La externalidad negativa significa que los proyectos podrán saltarse la evaluación de impacto ambiental? ¿Contarán dentro de los recursos las compensaciones que se le exijan al proyecto o serán recursos nuevos?", se pregunta el senador y coordinador de la Bancada Regionalista, Alejandro Guillier.
El integrante de la mesa que propuso fórmulas de financiamiento para los gobiernos regionales, Hernán Frigolet, agrega otro punto. "Si el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) califica un proyecto con externalidad negativa, debe ser mitigado. Y si es mitigado, ¿además la empresa va a tener que pagar un 1%, aún si la externalidad ya está resuelta?", plantea.
Otra inquietud que comparten el economista y Guillier se relaciona con el monto: "¿Qué pasa con el límite de U$ 10 millones si las empresas fraccionan los proyectos? Sabemos de sobra que suelen presentar grandes proyectos mineros, divididos en el proyecto de agua, el de camino, el de la mina propiamente tal, etc. Y si esos proyectos, como sería natural, realizan inversiones por varios años, ¿qué pasa con el aporte a la región?", afirma Frigolet.
Para el presidente de la Fundación Chile Descentralizado, Heinrich von Baer, la preocupación se vincula con un riesgo de concentración de los proyectos en ciertas regiones. "Si este 1% se aplica solamente para aquellas inversiones en regiones que superen los US$ 10 millones y que "generen externalidades negativas", implicaría que el universo estará focalizado en pocas comunas y que entre éstas muy pocas calificarán como generadoras de externalidades negativas. Nuestra convicción es que se requiere de propuestas más ambiciosas", añade.
Desde este año a 2023, el panorama para las inversiones en Chile resulta llamativo con US$ 72.682 millones detectados por la Oficina GPS del Ministerio de Economía. Si el 1% de estos proyectos fuera a regiones, en el quinquenio, éstas recibirían US$ 766 millones para su desarrollo.
Según el catastro, cuatro regiones (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la Metropolitana) aglutinan el 70% del total de inversiones estimadas para el quinquenio. Mientras que en Maule, Los Lagos, Aysén y Magallanes están lejos de alcanzar los US$ 1.000 millones en el mismo período.
Von Baer agrega que la Asociación de Generadoras Eléctricas propone utilizar los gastos necesarios para producir la renta, con lo que no solo los proyectos mayores a US$ 10 millones podrían contribuir a la creación de un fondo de desarrollo local.
Frigolet estima que hasta ahora no hay nada claro con el financiamiento para regiones. "Este 1% está muy desdibujado. No sabemos cuánto ni cómo se distribuirá. Anualmente no entran más de US$ 20 mil millones a ejecución", advierte.
Datos de la Oficina GPS indican que para 2020 se esperan proyectos US$ 20.230 millones; US$ 16.521 millones en 2021; US$ 10.302 millones en 2022 y US$ 7.816 millones en 2023.
Inversión con huella
Para el gobernador de la región del Maule, Felipe Donoso, el 1% va en la dirección correcta, dado que en las distintas zonas del país ven cómo las empresas se instalan, generan producción, pero el gobierno regional no tiene injerencia. "Con ese porcentaje logramos que esa inversión que se instala en la región deje una huella que permita el desarrollo de ella hacia adelante", dice.
Antaño, rememora, las empresas eléctricas que se instalaron en la cuenca del río Maule surtían de electricidad todo Chile, mientras su región era un espectador más, con cuentas más altas que en Santiago.
Como con la propuesta parte de la inversión quedaría en la región, Donoso señala que "el Maule está muy cerca del centro, de Santiago, pero es la tercera región más rural de Chile. Nuestra población de 1.150.000 personas en algunas zonas no tiene luz eléctrica, ni caminos pavimentados ni agua potable y eso es un desafío que debemos enfrentar. Una ley como esta ayudaría mucho a avanzar a que ese Chile desarrollado llegue a todas las esquinas".
Las otras alertas
En el protocolo suscrito con la DC, el gobierno se comprometió a que el 31 de octubre enviaría al Congreso el proyecto de ley de rentas regionales y responsabilidad fiscal regional, o 30 después de despachado la iniciativa que moderniza la legislación tributaria.
"A buen entendedor significa que tendremos proyecto de rentas regionales junto o después de la Ley de Presupuestos para 2020, es decir, ya para el próximo año no habrá recursos frescos para las regiones. Con suerte será para 2021 con los nuevos gobernadores regionales ya en funciones", acusa Guillier.
Si se mantienen los plazos establecidos en la Ley Nº 21.073, los gobernadores regionales deberán ser elegidos democráticamente en octubre del próximo año.
Heinrich von Baer urge por resolver "la extrema inequidad generada por el pago de las patentes comerciales en unas pocas comunas de la capital y no en el lugar donde producen las empresas, y la descentralización de los actuales fondos discrecionales de la Subdere".
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