La semana pasada, el Congreso despachó para que fuera promulgada por el gobierno la reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Por esos días, el Ejecutivo señaló en múltiples ocasiones que estaban revisando el proyecto para determinar los reglamentos necesarios para implementarla. Sin embargo, esta jornada de martes, La Moneda ingresó un veto a la iniciativa.
El veto ingresó por el Senado y será analizado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, liderada por el senador Matías Wlaker (DC).
¿La razón para que el gobierno optara por esta facultad? Argumentando que cuando se aprobó la reforma, el gobierno estaba con los estados de excepción constitucional, por lo que no necesitaba esta herramienta, el ministro de la Segpres Giorgio Jackson, explicó que la razón del veto “en conversación con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior y la Segpres, nos dimos cuenta que para su correcta autoejecución era necesario introducir ciertas modificaciones, especialmente a la cadena de mando y a la referencia a los reglamentos que esta tenga luego que regular”.
Por lo que según Jackson las modificaciones “son menores”, dijo, junto con manifestar su esperanza de que tenga una rápida tramitación.
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¿Qué dice el veto?
El veto, que reemplaza todo el articulado del proyecto de infraestructura crítica, establece que “se ha detectado que el proyecto de reforma constitucional podría presentar dificultades para hacer operativa la herramienta”.
El texto hace referencia a que el decreto supremo mediante el cual el Presidente ejerza la facultad, detallará también la infraestructura crítica que requiere de la protección de las Fuerzas Armadas; se dispone que en el citado decreto el Presidente designará a un jefe de la Defensa Nacional con las atribuciones y deberes adecuados para cumplir su función; y que se adecúa el estándar de uso de la fuerza de las FFAA a los tratados internacionales actualmente en videncia.
Además, se explicita la posibilidad de realizar sucesivas renovaciones del mecanismo y que al término de los 60 días, el Presidente deberá dar cuenta al Congreso acerca de las medidas adoptadas durante su vigencia.
Así, aunque el ministro Jackson espere que el proceso de tramitación sea rápido, la entrada en vigencia de esta iniciativa se sigue postergando.
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