Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) llegaron ayer a un acuerdo sobre la nueva directiva que obligará a las grandes empresas y las cotizadas, incluidas las PYME, a informar regularmente sobre su sostenibilidad social y medioambiental, lo que da vía libre para negociar el texto final con la Eurocámara.
Según publicó la agencia EFE, la Comisión Europea (CE) propuso en 2021 esta directiva, que ampliará a más compañías las exigencias de divulgar su información no financiera que ya se aplican a los bancos, empresas cotizadas, aseguradores y otras firmas consideradas entidades de interés público por sus respectivos países.
Ahora mismo, esta norma cubre a las empresas de interés público con más de 500 empleados, unas 11.700 grandes compañías en toda la UE que tienen que informar anualmente sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el trato a sus empleados, su respeto por los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y los sobornos; o la diversidad en sus juntas directivas.
La propuesta del Ejecutivo comunitario plantea extender esta obligación a todas las grandes firmas que coticen en los mercados regulados, con excepción de las microempresas.
Requiere además que se audite la información aportada, introduce requisitos más exigentes de divulgación y que esta se haga conforme a estándares obligatorios europeos, así como que las empresas proporcionen información que pueda ser leída con medios informáticos para que mejorar el acceso a la misma.
Términos del avance
El acuerdo alcanzado ayer por los ministros, que todavía puede sufrir cambios en la negociación con el Parlamento Europeo, mantiene estos principios, pero introduce algunas modificaciones con respecto a la propuesta de la Comisión, según explicó la ministra francesa de Industria, Agnes Pannier-Runacher en una rueda de prensa tras el consejo de ministros de Industria celebrado en Bruselas.
En concreto, plantean una entrada en vigor en tres fases, de modo que las empresas ya sujetas a la norma tendrán que presentar sus primeros informes de sostenibilidad en el 2025 (con datos del ejercicio anterior), las grandes compañías que ahora no están cubiertas por la directiva tendrían que hacerlo en el 2026 y las PYME no estarán obligadas hasta 2027.
Al mismo tiempo, los países quieren “vigilar la proporcionalidad de las exigencias” por lo que plantean una “lista exhaustiva” de temas sobre los que informar y se da a los Gobierno un plazo de 18 meses para incorporar la norma en sus legislaciones nacionales.
El consejo de los ministros tuvo lugar con el ataque ruso a Ucrania como telón de fondo.
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