En medio del estallido social, el 28 de octubre el Presidente Sebastián Piñera lo trasladó del Ministerio de Bienes Nacionales a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). En la tarde de ese mismo día, el exdiputado de la UDI Felipe Ward Edwards (47) aterrizaba en la sede del Congreso en Valparaíso para hacerse cargo de la agenda social que la contingencia estaba empujando.
Hubo críticas a su designación y aunque comenzó con el pie izquierdo -se trabó en una polémica con el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD)- a seis meses del inicio de su gestión, en esta conversación telefónica con Diario Financiero, el ministro asegura que “se ha ido superando esa desconfianza natural de cada vez que se nombra a una persona que viene a relacionarse con el Parlamento”.
También aborda la contingencia, especialmente la compleja tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
-¿Cómo evalúa su trabajo en estos seis meses a cargo de la Segpres?
-La gran enseñanza ha sido la formación de equipos en el trabajo con los subsecretarios, especialmente con el subsecretario (Juan José) Ossa, y llevar adelante la agenda social, de seguridad ciudadana y de trato justo y Covid-19, de la mano con parlamentarios que, en general, han colaborado con las propuestas del gobierno.
-Al inicio de su gestión hubo críticas a su nombramiento, ¿eso ha cambiado?
-Se ha forjado un vínculo que se ha traducido en la aprobación de proyectos de ley muy significativos y de forma muy rápida. Es notable constatar que del tiempo normal que tomaban los proyectos de ley en tramitarse antes del 18 de octubre, un plazo promedio de más de dos años, hoy tarden cerca de dos semanas y eso habla de una sintonía entre el Parlamento, el Ejecutivo y la ciudadanía.
-¿Cómo se entiende entonces que aún se hable de obstruccionismo de parte de la oposición?
-En el Congreso hay dos oposiciones: una democrática y una que no comprende que hay que alinearse con los intereses de la ciudadanía. La primera ha colaborado en la aprobación de las iniciativas planteadas por el Ejecutivo; esa realidad convive con una oposición que no comprende que cuando los políticos se unen quien gana es la ciudadanía y está más empeñada en provocarle un daño al gobierno.
-Dada la polémica que generó Censocud al repartir dividendos más allá del mínimo legal, tras haberse acogido a la ley de protección del empleo, ¿diría que quedaron flancos que permitirían el abuso de grandes empresas?
-Siempre se puede mejorar el o los vacíos que deja un proyecto, pero en esta oportunidad estamos hablando de decisiones individuales, decisiones corporativas, que no están en sintonía con lo que está ocurriendo en Chile.
“No se puede plantear una cifra tan distinta”
-La oposición echó abajo el corazón del proyecto de ingreso familiar de emergencia, porque no está convencida de su efectividad tal como lo planteó el Ejecutivo, ¿qué le parece?
-Esta es la política pública, en materia de transferencia directa entre Estado y personas, más importante que se ha planteado en las últimas décadas y espero que sea aprobado. Porque estamos hablando de 4,3 millones de personas; 1,7 millones de familias; $ 260 mil a cada familia chilena del 60% más vulnerable, en promedio.
-La oposición le entregó una propuesta alternativa que llega al 90% más vulnerable, ¿hay posibilidad de que se acoja algún aspecto?
-Esa propuesta implica el triple de recursos de lo que el gobierno está invirtiendo en esta política pública y es necesario que todos comprendamos que los recursos del Estado no son ilimitados. No se puede plantear una cifra tan distinta a la nuestra, sin comprender que es necesario que el Estado mantenga la posibilidad de financiar el día de mañana otras políticas públicas. Se requiere responsabilidad fiscal. Eso es lo que pedimos de todos los sectores.
Plebiscito y retorno a la normalidad
-Da la sensación de que la postura del gobierno en relación con el plebiscito va en sentido contrario a lo que promueve acerca de un retorno seguro a la normalidad…
-Ambos planteamientos conversan entre sí; cierto que hay que plantear la posibilidad de ir retornando a las labores de forma responsable y paulatina, en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, y eso implica tener siempre a la vista lo que se ha planteado en materia de calendario electoral, bajo el principio que debe gobernar todas las decisiones del gobierno de aquí en adelante, que es el cuidado de la salud y la vida de las personas.
De lo que haga esta generación política dependen, probablemente, los próximos cuarenta años en Chile, por eso hay que ser cuidadosos con las decisiones que se vayan tomando, pero creo que ambas son congruentes entre sí.
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