Una fiscalización exhaustiva está realizando la Contraloría General de la República (CGR) a los convenios suscritos entre municipios del país y algunas instituciones bancarias, en virtud de los cuales éstas aportarían fondos cuantiosos de libre disposición a las corporaciones edilicias.
La indagatoria surgió luego de que el mismo ente de control emitiera el 20 de marzo un dictamen, mediante el cual objetó que en las bases administrativas de ciertos procesos licitatorios para la provisión de cuentas corrientes bancarias -de las Municipalidades de Estación Central, La Granja y Valparaíso-, se admita que los interesados ofrezcan servicios adicionales. Esto ha dado lugar a que los bancos que resulten adjudicados entreguen aportes a los municipios para ser destinados a actividades culturales, educativas y/o sociales en beneficio de la comunidad, bajo la condición de que se exhiba publicidad referente a los productos y prestaciones del establecimiento financiero.
El organismo contralor constató que mediante algunas convenciones, el municipio de Estación Central debía incorporar la imagen del banco BCI en los eventos y actos que organice y que de común acuerdo definan; instalar el logo de esa entidad crediticia en las entradas del edificio municipal, y en la publicidad exterior y callejera de la repartición pública; permitir el acceso a los establecimientos educacionales dependientes de ella, para la explotación de convenios bancarios, y admitir el funcionamiento de un stand promocional de los productos financieros del banco en determinadas actividades del municipio.
Detectó la existencia de situaciones similares en los municipios de Cerrillos, Recoleta y Concepción.
Dictamen
La Contraloría consideró que los acuerdos vulneraban las normas de la administración pública y envió los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII), a la Superintendencia de Bancos (SBIF) y a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), a fin de que dichos organismos ponderen ejercer, en relación a los hechos en cuestión, las facultades fiscalizadoras que la ley les atribuye.
“Dado que los municipios -salvo norma legal expresa- carecen de competencia para asumir obligaciones ajenas a la gestión propiamente comunal, como son aquellas que se refieren al ejercicio, por parte de sus autoridades y funcionarios, de acciones de publicidad en favor de una institución bancaria, los aludidos acuerdos no se han ajustado a derecho”, dice el dictamen.
Entre sus observaciones afirma que, con esos convenios, los bancos pueden descontar impuestos, ya que los aportes son registrados como donaciones para actividades culturales, y no se tributan como publicidad.
El organismo respondió la semana pasada un oficio del presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Ricardo Rincón, donde confirmó que “esta Contraloría se encuentra efectuando acciones de fiscalización en relación con la materia”.
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