Por Gonzalo Cerda
Tras ser aceptado el requerimiento presentado por 17 parlamentarios de la Concertación e independientes, ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ratificación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov 91), la entidad sometió a trámite la solicitud conforme a los dispuesto en los artículos 61 y siguientes de la Ley nº 17.997, orgánica constitucional del TC, según señala el documento oficial al que tuvo acceso DF.
La aceptación del requerimiento se produjo tras una votación del consejo que resolvió por 7 votos a favor y 3 en contra, dar luz verde a la solicitud. Según señaló el integrante del tribunal, José Antonio Viera-Gallo, mañana martes se analizará su admisiblidad, pero explicó, que es un trámite más formal. “A partir del martes habrá que dar traslado de este requerimiento al Congreso y al presidente”. Tras este paso, el Tribunal Constitucional tendrá 10 días para fallar. En este período existirá la posibilidad de que se realicen alegatos y se evaluarán posibles audiencias públicas.
“Todas las organizaciones, aunque no sean parte del juicio, tienen derecho a presentar algún tipo de documento para que se tenga presente en la causa”, dijo Viera-Gallo.
Los motivos por lo que el tribunal aceptó el requerimiento radican en que contaba con “bases razonablemente fundadas”, además de contar con todos los documentos que fueron solicitados para profundizar en el análisis.
Acuerdo de Lumaco
En tanto, el senador Jaime Quintana (PPD), participó de la firma del “Acuerdo de Lumaco”, que busca marcar un precedente para que el Tribunal Constitucional acepte y declare inconstitucional el convenio Upov 91. Este documento fue suscrito por numerosas colectividades regionales, entre las que también se encuentran comunidades indígenas que tal como explicó Quintana, han manifestado su inquietud respecto de esta aprobación. “Distintas comunidades mapuches enviarán este documento al Tribunal Constitucional porque entienden que este convenio es sumamente nocivo para sus prácticas agrícolas ancestrales que van a quedar prácticamente inutilizables”, señaló el senador. Este documento es fruto, explicó el legislador, de una masiva manifestación que se realizó en la comuna de Lumaco y que tenía como fin mostrar un rechazo “generalizado” respecto a lo que el gobierno busca ratificar. “Fue una manifestación potente, masiva, donde participaron todos los sectores”, puntualizó Quintana.
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