Un -hasta ahora- desconocido juicio enfrenta la fallida inmobiliaria (en quiebra dictada por la justicia), dueña de un millonario proyecto a medio construir en Pucón: un complejo de tres edificios con 170 departamentos (con avances que van desde el 75% al 90%), con un mínimo de adjudicación de US$ 15,4 millones, a lo que se deberían sumar unos US$ 5,1 millones para terminar la obra.
Un vecino de la obra reclama un retazo del terreno en un juicio por deslindes, lo que fue rechazado en primera instancia y apelado ante la Corte de Apelaciones.
El titular del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, Francisco Madrid Alarcón, dijo en su fallo que los demandantes (Juan Clemente Fernández y Ximena Montaner) no lograron acreditar la existencia, en la forma pedida, y singularidad del supuesto "lote litigioso" de una superficie de 277 m2. "En consecuencia no se logra determinar que el actor haya sido privado de la posesión de este retazo", sostuvo.
Y añadió: "Siguiendo la misma línea de análisis tampoco se puede sostener que el actor tenga posesión inscrita sobre el supuesto 'lote litigioso' ni es posible aseverar que el demandando pueda tener una posesión material sobre el mismo, ya que no se han cumplido los requisitos básicos de la acción reivindicatoria".
La disputa escaló hasta la Corte de Apelaciones de Temuco tras un recurso de apelación presentado por la defensa de Fernández y Montaner, en un juicio que actualmente se encuentra vigente.
El proyecto -emplazado en un terreno de 8.700 metros cuadrados en Camino Villarrica-Pucón 1200, Pucón- es propiedad de la Inmobiliaria La Poza S.A., ligada al empresario Alfonso Fuenzalida, que inicialmente intentó sacar adelante un proceso de reorganización judicial, pero finalmente se decretó su quiebra.
Como parte de este proceso, se decretó el remate de la mencionada obra, el que se fijó para este 25 de abril, pero el abogado de la inmobiliaria, Gonzalo Bulnes, solicitó a la justicia que se suspenda. La petición, hasta el cierre de esta edición, se encuentra pendiente de ser resuelta por el 13º Juzgado Civil de Santiago.
Rodrigo Andreucci, socio de Andreucci y Torrejón, abogados de bancos e inmobiliarias, aseguró que este remate -y el caso en general- es muy complejo para un tercero subastarlo.
Recordó que el proyecto ha cambiado en más de una ocasión de constructora y como está a orilla del lago operó con una consulta de pertinencia ambiental aprobada en el año 2019. “Quizás requiera una Declaración de Impacto Ambiental y no baste una consulta antigua”, sostuvo.
Junto a esto, el experto afirmó que, si el banco no encuentra oferentes y debe él seguir con la obra, deberá asumir varios juicios delicados, como, por ejemplo, el que ahora está en la Corte de Apelaciones de Temuco que debate sobre la superficie del terreno de la inmobiliaria.
“Existen otros tantos pleitos más, en especial con los prominentes compradores que en su mayoría no desean comprar en el proyecto, y el banco acá se arriesga con una serie de situaciones que están comprendidas en la Norma de Carácter General 461 de la CMF de noviembre del 2021”, dijo Andreucci.
La quiebra
Fue en agosto de 2020, cuando la empresa solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización judicial. Sus pasivos superan los $ 17.593 millones, según antecedentes del proceso, en los cuales se precisó que el giro principal de la inmobiliaria es el desarrollo del proyecto La Poza.
En su propuesta de reorganización, la empresa dijo que para el desarrollo del complejo inmobiliario licitó la construcción de los tres edificios bajo la modalidad de obra vendida, para lo que llamó a una licitación privada, resultando adjudicadas las obras a la Empresa Constructora Julio López Navarro Ltda.
Según aseguró, la mencionada constructora abandonó las obras, ya que fue demandada de liquidación forzosa. “Como consecuencia de lo anterior y dada la gravedad de la situación, la propia empresa deudora se abocó, a través de una empresa constructora constituida al efecto, a terminar las obras con todo el trastorno que dicha situación produjo, más aún cuando ya se habían celebrado promesas de compraventa de departamentos en construcción con algunos clientes”, dijo.
A fines de 2020, se aprobó la reorganización judicial, y en enero de 2022, el Banco Security solicitó declarar la liquidación de la inmobiliaria, acusando el impago de 16 pagarés. A través de la demanda de liquidación forzosa, la entidad financiera decidió hacer exigible el saldo adeudado por más de 77.633 UF.
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J. Troncoso Ostornol
