En las próximas semanas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) someterá a consulta pública una serie de guías donde definirá los alcances de la reforma a la Ley de Libre Competencia promulgada a mediados de agosto.
El titular del organismo, Felipe Irarrázabal, explicó que actualmente trabajan en temas como las operaciones de concentración y los umbrales de la obligación de las empresas de informar, aunque precisó que el interlocking, esto es, la prohibición de que ejecutivos compartan directorios o información entre empresas competidoras, no está entre las “prioridades”.
Añadió que las propias empresas y los ejecutivos a los que la norma afecta, quienes deben aplicar los cambios.
“Creemos que hay otras prioridades en materia de guías, y en esta pasada no es la guía de interlocking ni dar señales en el tema de las participaciones cruzadas. Las empresas que no hagan los cambios se exponen a un proceso de investigación, y ese proceso eventualmente podría traducirse en un requerimiento y en una sentencia condenatoria”, dijo.
Avance positivo
El presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Enrique Vergara, calificó como positivos los avances obtenidos con la normativa aprobada, en particular, respecto del fortalecimiento de la institucionalidad, pero señaló que esto traerá muchos “desafíos” para el organismo que encabeza, especialmente respecto del rol que se jugaría en la determinación de posibles perjuicios civiles.
“Es un avance en nuestro sistema de protección de libre competencia, estos sistemas están continuamente en revisión, y la reforma actual fue muy sustantiva, completa, abordó temas eran absolutamente necesarios, como el análisis de operaciones de concentración”, dijo Vergara
El ex fiscal económico añadió que “el tema de la criminalización quedó bien, sobre todo con el tema secuencial, entonces estamos conformes. Nosotros manejamos mucha información en el juicio, sobre conductas, el beneficio económico que se obtiene y eso puede ayudar, pero veremos qué ocurre en la práctica y cómo podría ayudar a hacer las cosas más expeditas en un juicio indemnizatorio”.
Vergara señaló que hacia el segundo semestre del próximo año podría conocerse la sentencia del proceso de colusión de las papeleras.
“No puedo dar plazos, pero un procedimiento de esa complejidad toma alrededor de un año y medio o dos, desde que se inicia. Hoy está en la fase final de prueba, luego viene la vista de la causa y luego queda en acuerdo”, explicó.
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