En el centro de los cuestionamientos que terminaron con la remoción de Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema, se encuentra el procedimiento judicial que enfrentó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM) con Codelco en 2023, y que le significó a la cuprífera el desembolso de más de $ 11.700 millones.
La anterior, fue una de las irregularidades analizadas y mencionadas en el veredicto del máximo tribunal, el cual adoptó por unanimidad la decisión de remover a la magistrada de su cargo acusándola de "un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia, comprometiendo los cimientos del Estado de Derecho".
Así, respecto a las tres causas relacionadas al capítulo de disputa entre CBM y Codelco, el escrito señala: "Tanto el informe evacuado por la Comisión de Ética como la minuta enviada por una relatora de esta Corte, y la revisión de la tramitación en el sistema informático SITSUP, permiten establecer que la ministra tuvo en ellas una participación inadecuada".
Lo anterior, se lee en el veredicto, "al haber efectuado gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso interpuesto en la primera causa ya referida, sin que el Presidente de la Corte Suprema -de esa época- hubiese dictado la resolución respectiva".
"Con posterioridad, encomendó la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta", se agrega.
En las otras dos causas de CBM, conociendo que el criterio de la Sala consistía en la elaboración de los proyectos para fallo conforme al orden de antigüedad, "la ministra Sra. Vivanco exigió a la relatora que la sentencia se firmara rápidamente, no obstante existir otras causas más antiguas que resolver", acusa el texto.
En relación a otras minutas analizadas, el veredicto sostiene que "dan cuenta del mismo patrón de comportamiento, esto es, aprovechar la circunstancia de encontrarse como Presidenta de la Tercera Sala, para ordenar el conocimiento en cuenta de ciertas causas que no versaban sobre materias urgentes y que, por la fecha de su ingreso, aún debían esperar su turno para ser vistas".
Cabe recordar que en julio de 2023 la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por Ángela Vivanco -porque el juez Sergio Muñoz estaba de vacaciones-, falló a favor del recurso de protección interpuesto por CBM contra Codelco. Decisión que implicó que la estatal pagara $ 11.700 millones por una boleta de garantía retenida.
El episodio no pasó desapercibido no sólo por tratarse de dos empresas con un accidentado historial en su relación, sino que, sobre todo, por haberse tratado de un recurso de protección de 300 páginas, presentado 48 horas antes y resuelto en 90 minutos.
Y no sólo eso. El abogado representante de CBM, Mario Vargas, mantenía un estrecho vínculo de amistad con Vivanco e incluso se le podía ver en celebraciones de cumpleaños en las mismas publicaciones de la magistrada en su perfil de Facebook. Sin embargo, la abogada falló a favor del consorcio sin revelar su cercanía con Vargas.
A fines de agosto de este año, CIPER consultó a Vivanco respecto a si su amistad con el mencionado configuraba inhabilidad para revisar la tramitación de estos recursos, a lo cual respondió que "no, porque soy conocida y no amiga".
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