Un repentino vuelvo dio el caso del Consorcio Belaz Movitc (CBM) contra Codelco.
El fiscal nacional, Angel Valencia, designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer Opitz, para dirigir la investigación por diversas irregularidades que se habrían cometido tanto en la tramitación como en la admisibilidad del recurso protección presentado por CBM ante la Corte Suprema, cuando la ahora suspendida ministra de dicho tribunal, Angela Vivanco, ocupó provisoriamente la presidencia en la Tercera Sala.
Según el Ministerio Público, tales hechos “eventualmente podrían revestir carácter de delito por tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho”. Lo anterior se da en el contexto de la causa entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec por incumplimiento de contrato de la citada empresa privada, que reclama el pago de US$ 72 millones.Luego de tomar conocimiento de la designación, la fiscal Wittwer ya se encuentra trabajando con su equipo los diversos lineamientos para materializar diligencias investigativas que permitan establecer los hechos ya mencionados.
“Codelco seguirá colaborando con los tribunales de justicia y entregará todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público, a fin de que éste investigue los hechos que pueden revestir caracteres de delito”, dijo la estatal.
Codelco dijo que “ha ejercido todos los derechos, recursos y acciones que le otorga la ley para intentar revertir las irregularidades que se han verificado en la tramitación y conocimiento de los recursos de protección que se siguieron por parte de CBM ante la Corte Suprema”.
A través del abogado patrocinante en la causa -Raimundo Labarca- expuso esta situación ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema y “ha colaborado activamente con el objeto de que se aclaren las anomalías que dieron origen a las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación, en el marco de este juicio”, dijo la empresa estatal.
“Codelco seguirá colaborando con los tribunales de justicia y entregará todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público, a fin de que éste investigue los hechos que pueden revestir caracteres de delito, junto con evaluar nuevas acciones judiciales que tengan por propósito defender los intereses de la corporación”, declaró.
Politización
Aunque el contrato de US$ 242 millones entre Codelco y CBM (consorcio entre la bielorrusa Belaz y la chilena Movitec) está en arbitraje con el juez Francisco Aninat Urrejola desde abril de 2023, la estatal denunció el intento de politizar dicho proceso. En concreto, al pedir la comparecencia ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados del presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco Matte, en el marco de una comisión investigadora sobre la gestión de Codelco.
El directivo concurrió varias veces a esta instancia por el polémico y rescindido acuerdo. En todas las ocasiones el presidente de la mesa directiva de la estatal enumeró las causas para terminar el contrato: mala gestión que provocó un accidente grave y otro con consecuencias fatales (la muerte del trabajador contratista Rubén Trigo) y el atraso en las obras en Rajo Inca de la división El Salvador, que cuando debían tener un 81,2% de avance mostraban sólo un progreso de 32,8%.
En concreto, el 22 de marzo de 2023, Pacheco hizo ver el historial de la polémica empresa: “Este consorcio, de RUT chileno, tiene deudas con sus proveedores y contratistas, a esa fecha, por entre $10.000 millones y $15.000 millones”. Añadió en esa oportunidad que “esta situación no tiene precedentes en Codelco. Primera vez que nos pasa que dos RUT de dos empresas basadas en Chile se transforme en un conflicto internacional”, dijo Pacheco en dicha cita.
Pero más allá de las platas, para Codelco fue la fatalidad ocurrida el 9 de julio de 2022 lo que provocó el término del contrato. “El accidente de Rubén Trigo fue un domingo (el 9 de julio de 2022) y yo me fui a la semana siguiente a El Salvador a ver el lugar y no me encontré con ninguno de estos caballeros que dirigen esta empresa”, reveló.
En la sesión del pasado enero, el presidente de la Comisión de Minería, Cristián Tapia (Independiente) pidió oficiar a Codelco para que explicara sobre los pagos que se adeudan a proveedores al consorcio chileno-bielorruso. El parlamentario solicitó que la estatal explicara qué criterios usó para elegir a la sucesora del consorcio Belaz-Movitec para operar en Rajo Inca.
Acciones de la estatal
Más allá de esto, en la corporación del cobre evalúan qué acciones legales interponer si se concreta la remoción de la jueza Ángela Vivanco.
El consorcio CBM interpuso un recurso de protección en junio de 2023, el que fuera rechazado anteriormente en la Corte de Apelaciones de Copiapó -donde fue interpuesto por los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber- por considerar que lo vinculado a dineros se ven en el ámbito civil, no penal.
El 4 de julio del 2023, según consignó El Mostrador, la jueza Vivanco, en suplencia del ministro Sergio Muñoz en la Tercera Sala, acogió el recurso de protección, obligando a Codelco a la “restitución inmediata” de los bienes y la devolución de las boletas de garantía, por unos $ 12.000 millones.
Entre las anomalías que según ligados al caso existieron en esta causa es que pese a que la Tercera Sala del máximo tribunal resolvió el 4 de julio, el caso se puso en tabla el 5 de julio del año pasado, ante lo cual Codelco pidió nulidad del proceso, pero la Suprema volvió a fallar contra la cuprera estatal y consideró el punto “irrelevante”.
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