Una vez más, la concesionaria Nuevo Pudahuel -encargada de operar el Aeropuerto Arturo Merino Benítez- y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) vuelven a verse las caras en la justicia.
Esta vez, la empresa ingresó una nueva discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones (PTC), solicitando ser compensada por un monto total de UF 463.278 (US$ 19 millones), debido a modificaciones en las características de las obras y servicios del contrato que, según acusa, le generaron perjuicios.
La disputa se originó en 2023, cuando la cartera liderada por Jessica López, mediante un decreto supremo, modificó las características de las obras del contrato de concesión “Proyecto de Ingeniería Definitiva del Terminal T1”. Además, estableció nuevos plazos, extendiendo la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras para el 30 de diciembre de este año.
Las modificaciones incorporadas por el MOP -según detalló el estudio de abogados defensor de la concesionaria, Molina Ríos- responden a la necesidad de realizar mejoras tecnológicas y de seguridad en ciertos recintos y equipamientos estratégicos del aeropuerto, así como a ampliaciones, modificaciones y mejoras en la configuración de las diversas salas técnicas del T1.
Motivo de compensación
La sociedad concesionaria argumentó que, con las diversas modificaciones al plazo de la puesta en servicio, este se duplicó respecto al pactado originalmente, lo que impactó de manera significativa a Nuevo Pudahuel, tanto en planificación y ejecución como en términos económicos.
Agregó que, hasta la fecha, no ha recibido indemnización por los mayores gastos generales, las utilidades correspondientes ni los costos indirectos asumidos a raíz de las modificaciones y del aumento de plazo.
Dentro de los costos adicionales, la concesionaria destaca una mayor permanencia de staff y administración, gastos de mayor permanencia -como luz, agua, transporte y energía-, horas adicionales de trabajo, incremento de los precios de los materiales, entre otros.
“Esto, naturalmente, debe ser debida e íntegramente indemnizado, ya que, de lo contrario, implicaría hacer que la concesionaria soporte mayores costos derivados de actuaciones que, si bien derivan de una potestad legal, no le corresponden, en virtud de lo que establece la Ley de Concesiones como compensación al ejercicio de aquella, gravándola con costos que manifiestamente derivan de hechos ajenos a su responsabilidad y, en definitiva, contraviniendo lo dispuesto legalmente”, concluyó Nuevo Pudahuel.