José Antonio Kast asumirá la presidencia del país el próximo 11 de marzo, y entre los expertos laborales existe una alta expectación respecto al giro de timón que habrá al interior de la Dirección del Trabajo (DT) y sus pronunciamientos.
La expectativa es alimentada por el propio programa de Gobierno del mandatario electo, el cual propone “más simplificación y claridad de las normas laborales, para que empleadores y trabajadores sepan con certeza a qué atenerse”, lo cual irá de la mano de una revisión de las facultades interpretativas del servicio para la simplificación y claridad de las normas.
“La primera señal importante del Gobierno será a quien nombre en el cargo de director (a) y cómo lo nombre. Su perfil debería ser técnico y con independencia política para dar, según el programa, una señal de desideologización de la DT”, dijo el abogado que desempeñó ese cargo en el pasado y hoy es socio principal de Albornoz & Cía, Marcelo Albornoz.
Un punto que es reforzado por el socio de Aninat Abogados, Rodrigo Ugarte, quien agregó que parece necesario que, en la designación del próximo director del Trabajo, la nueva administración recurra al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), para asegurar la realización de un concurso público y transparente, que asegure su independencia y que se trate de un profesional que cuente con una probada capacidad jurídica.
Tanto en 2018 como en 2022 el cargo de quien encabezaba la Dirección del Trabajo fue designado utilizando una de las “12 balas de plata” que permiten remover a funcionarios designados por Alta Dirección Pública. En 2018 fue nombrado Mauricio Peñaloza y en 2022 Pablo Zenteno.
“Ya hemos visto los perniciosos efectos que produjo recurrir a la facultad denominada de las 12 balas de plata, mediante la cual el Presidente de la República se salta dicho procedimiento de selección, designando directamente a operadores políticos que han instalado su agenda política e ideológica, como ocurrió bajo esta administración”, cuestionó Ugarte.
Tanto en 2018 como en 2022 el director del Trabajo fue designado utilizando una de las 12 “balas de plata” que permite remover a funcionarios designados por Alta Dirección Pública. En 2018 fue nombrado Mauricio Peñaloza y en 2022 Pablo Zenteno.
Revisión a los dictámenes
Uno de los temas que genera especial atención es el cambio de criterio que tendrá el servicio en los diversos dictámenes que han sido cuestionados en el último tiempo.
“Es esperable que con la llegada del nuevo Gobierno comience dejando sin efecto una serie de dictámenes muy controversiales”, señaló Ugarte.
En su opinión, bajo la actual administración la DT “arbitrariamente, modificó -por la vía administrativa- materias reguladas en el Código del Trabajo, en un verdadero caso de flagrante activismo administrativo, en materias tan relevantes como la derogación de los grupos negociadores, en plazos y quórums en la negociación colectiva con sindicatos interempresa, la introducción de la negociación multinivel, entre otras”.
Para el socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados, Francisco Cárcamo, es esencial revisar los dictámenes referentes a la multifuncionalidad.
“En este último período, adoptaron posiciones extremas, eliminando posibilidades de multifuncionalidad, incluso en contra de acuerdos logrados entre organizaciones sindicales con los empleadores, excediendo su rol la DT”, planteó.
En la misma línea, la directora del área Laboral de Mendoza Luksic y Valencia, Fernanda Villagra, planteó que lo que se requiere, y más que un giro político, es una actualización administrativa profunda.
“Hay que sentarse a revisar esos dictámenes que hoy están desconectados de la realidad operativa de las empresas o que generan zonas grises innecesarias. Por ejemplo, en temas de adaptabilidad, donde es urgente que la norma acompañe las nuevas formas de trabajo”, afirmó.
Albornoz también apoyó esta idea, pero agregó que es crucial sumar a los actores laborales en la revisión de los dictámenes.
“Es importante implementar políticas y procedimientos que regulen la facultad interpretativa del director del Trabajo, por ejemplo, ejecutando la norma de consulta pública de nuevos dictámenes, sobre todo los que modifican doctrina y los que interpretan nuevas leyes, como la de 40 horas”, expuso.
Una tarea en la que, a juicio de Albornoz, un consejo consultivo permanente ayudaría.
El experto, además, propuso que todos los dictámenes que se han emitido de oficio en el último tiempo y que han cambiado la doctrina, se dejen sin efecto temporalmente, para que, previo a dictar el nuevo, las materias sean sometidas a una consulta pública en donde puedan opinar todos los actores sociales y académicos, “sin excepción, dando una señal de gobierno participativo, transparente y técnico”.
Rol fiscalizador
Otro aspecto enfatizado por la socia de Eguiguren Abogados, Ana Velásquez, es la necesidad de mirar el rol fiscalizador del servicio. “Es claro que la Dirección del Trabajo debe fiscalizar, sin embargo, es importante también cómo fiscaliza, con qué criterios interpreta la ley y qué margen de corrección otorga antes de sancionar”, advirtió.
Según destacó, actualmente existe un tipificador de infracciones, que tiene 281 páginas, lo que termina siendo “abrumador” para las pequeñas y medianas empresas. Esto, expuso, considerando que, en la práctica, muchas empresas incurren en faltas “no por una conducta deliberada de incumplimiento, sino por desconocimiento, errores formales o interpretaciones ambiguas de la normativa”.
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Carolina León
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