Con el foco puesto en construir y promover espacios laborales basados en el respeto y buen trato, la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) y la Fundación Carlos Vial Espantoso (FCVE) conformaron en octubre pasado el Consejo Consultivo Ley Karin, una instancia que reunió a 16 representantes del mundo público, empresarial, sindical, académico y legal para dar seguimiento a la norma.
Tras un año de vigencia, el grupo emitió un informe donde identificó los principales nudos críticos y delineó propuestas para mejorar su implementación al interior de las organizaciones. Sugerencias que, esperan, hagan eco en las autoridades.
“Detenerse a evaluar qué funciona y qué puede mejorarse, desde una mirada transversal y conectada con la realidad, permite hacer correcciones oportunas”, destacó la directora ejecutiva de FCVE, Sofía Rivas.
Esa mirada la complementó la gerenta de asuntos corporativos y sostenibilidad de la Achs, Paulina Calfucoy, quien valoró el diálogo entre personas de miradas distintas pero con un objetivo común: “Avanzar hacia una correcta implementación de la ley que permita fortalecer una cultura del buen trato tanto en el sector público como privado”.
Freno a denuncias falsas
Para el grupo, si bien la nueva legislación ha permitido visibilizar situaciones de maltrato y acoso antes silenciadas, uno de los desafíos observados es la inquietud por el uso instrumental o infundado del sistema.
Por ello, el informe sugiere que la normativa en esto sea más similar a lo que funciona en el sector público, donde la realización de denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad sin fundamento y respecto de las cuales se comprobara su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, puede ser causal de terminación de la relación laboral.
“Estas sanciones deben ser equilibradas con mecanismos de protección robustos para los denunciantes legítimos, de modo que no se genere un efecto inhibidor sobre quienes enfrentan situaciones reales de maltrato o acoso”, propuso el grupo.
Admisibilidad
Conscientes de la alta carga laboral que ha implicado la ley para la Dirección del Trabajo (DT) y de la demora que ha existido en las investigaciones, otra idea es hacer una revisión del procedimiento establecido para la tramitación de denuncias, para dar cumplimiento efectivo a los plazos.
“Una alternativa es establecer -por vía reglamentaria- un mecanismo de admisibilidad de denuncias. También se sugiere facultar a la DT para establecer un sistema de priorización y/o categorización de denuncias, según el nivel de urgencia (estableciendo, por ejemplo, prioridad de tramitación para casos con impacto grave en la salud mental y/o de índole sexual)”, dijo el texto.
Para la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e integrante del consejo, Susana Jiménez, el hecho de que solo el 42% de las denuncias califique en el ámbito de la norma, demuestra que “se requiere un control previo de admisibilidad de los casos denunciados”, de manera de evitar la sobrecarga a la DT y afectar el clima laboral y las confianzas al interior de las empresas.
También se propuso avanzar hacia una normativa que otorgue mayor responsabilidad a las organizaciones en la tramitación de las denuncias que reciben y que no dependa de la DT, como ocurre actualmente.
Más capacitación
Con relación a la violencia que sufren los trabajadores por personas ajenas a la relación laboral, el Consejo recomendó desarrollar protocolos y capacitaciones en sectores donde esta problemática es más frecuente, como el comercio, la educación y la salud.
“El contacto directo con clientes, apoderados o pacientes expone a los trabajadores a situaciones de riesgo que requieren respuestas diferenciadas”, se advirtió. De ahí que vieron la importancia de incorporar preparación en técnicas de desescalada de conflictos y manejo de cuadros complejos con terceros a nivel de trabajadores y jefaturas.
Para el expresidente de la CUT y también consejero, David Acuña, “es fundamental avanzar en cambios que aseguren la protección de todas y todos los trabajadores, junto con transformaciones culturales al interior de los espacios laborales. La capacitación y formación de dirigentes sindicales es clave, pero por sobre todo, la prevención es lo fundamental”.
Lilia Jerez, socia de GNP Canales y consejera, el valor del informe es “no es solo representativo de una visión, sino que recoge la experiencia tanto del sector sindical, empresarial y también de expertos”.
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