A casi tres meses del 11 de marzo, fecha en que se producirá el cambio de gobierno, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Mauricio Varela, hizo un balance de este mandato, con foco en los temas que involucran a su industria.
En esa línea, Varela evaluó negativamente la gestión del Ministerio de Vivienda, subrayando que “no estamos conformes con la gestión (del ministro, Carlos Montes); nuestra principal crítica es la falta de confianza y de colaboración con los privados para trabajar en los problemas que aquejan al sector”.
Según Varela, esto se debe a que la cartera concentró buena parte de sus esfuerzos en la meta de las 260 mil viviendas, dejando de lado otras problemáticas relevantes.
“El tema de la vivienda pública es relevante, pero no es el único tema. Hoy hay un excesivo foco en el corto plazo. No vamos a resolver los problemas grandes mirándonos la punta de los pies”, recalcó.
Uno de los puntos que abordó Varela fue el crecimiento de los campamentos ilegales, ámbito que -a su juicio- quedó sin soluciones concretas durante este Gobierno. Como ejemplo, mencionó la situación de la toma de San Antonio, señalando que la tardanza del Ejecutivo en ejecutar el desalojo y la decisión anunciada esta semana de expropiar parte del terreno evidencian un déficit de gestión.
“Cuando las ocupaciones ilegales se dejan crecer se vuelven inmanejables y terminan afectando al derecho de propiedad. Por otra parte, creemos que premiar a los ocupantes ilegales con una vía rápida para obtener soluciones habitacionales saltándose la fila es una mala política pública”, enfatizó.
Varela también apuntó a la deuda generada con las inmobiliarias por la construcción de viviendas sociales. Para él, se trata de un asunto “relevante y grave”, especialmente considerando que la industria viene saliendo de una crisis compleja.
“Afortunadamente, el ministerio acusó recibo de la gravedad del tema y ha empezado a restablecer las cuentas, pero no como a uno le gustaría. La industria no está conforme, uno espera que si uno firma un convenio, que se cumpla en tiempo y en forma. Y eso ha sido difícil”, sostuvo. Varela añadió que otras materias relegadas han sido la reconstrucción en Valparaíso tras el incendio, la accesibilidad a la vivienda y la planificación urbana.
- ¿Se quebró la confianza con el sector público?
- No creo que se haya quebrado. El sector privado está siempre disponible para trabajar con las autoridades.
- ¿El próximo Gobierno tendrá una mejor gestión?
- Espero que sí. Hay un espacio grande de mejora. Nosotros vemos claramente un déficit en la administración actual. Esperamos que el próximo gobierno tenga una mirada más colaborativa con el sector privado. Hay muchos problemas que tratar.
Próximo mandato
Varela indicó que el gremio ya entregó a los dos candidatos presidenciales un documento con propuestas de corto, mediano y largo plazo. Uno de los puntos centrales es avanzar en planificación urbana a escala país, un área donde -advirtió- existe un rezago evidente y un nivel de politización creciente.
“Pretender hacerlo por un municipio es un error. No se puede planificar una ciudad mirando los pedazos tan pequeños del territorio”, señaló. Por ello, plantea crear una entidad dependiente del Ministerio de Vivienda que se encargue de estas materias con una mirada de largo plazo.
“Premiar a los ocupantes ilegales con una vía rápida para obtener soluciones habitacionales saltándose la fila es una mala política pública”.
Otro eje, dijo, es la accesibilidad a la vivienda. Para estabilizar precios, sugirió revisar medidas tributarias como retomar el crédito especial a las empresas constructoras o eliminar el IVA a la vivienda. También enfatizó que es necesario avanzar en permisología y en evitar que la evaluación ambiental se convierta en un instrumento para frenar proyectos.
“Es un tema que se está utilizando políticamente para bloquear inversiones y lo hemos visto en distintas industrias. No se puede imponer los términos de una sola mirada”, recalcó.
Conexiones eléctricas
Varela también se refirió a la consulta que la ADI y la CChC ingresaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para modificar la norma que regula la conexión al suministro eléctrico.
El dirigente explicó que la investigación sigue en curso y que esperan que derive en una regulación más clara, ya que hoy el proceso de conexión “es caro y lento”, lo que genera impactos relevantes para las empresas del sector.
- De acuerdo a las empresas distribuidoras, ustedes no participaron en el proceso de la normativa. ¿Por qué?
- Es un tema súper técnico, y una de las lecciones que se aprenden es que hay que estar mucho más atento a las regulaciones de industrias que no son la tuya, pero que sí te afectan.
- ¿Por qué no acudieron a la CNE o a la SEC?
- Hicimos las consultas necesarias, pero no hubo frutos. La respuesta fue que habláramos directamente con las empresas.
- ¿Y qué pasó ahí?
- Las gestiones que se estaban haciendo con las principales empresas no nos estaban llevando a soluciones que nos parecieran necesarias. Por eso acudimos al tribunal y la fiscalía.
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