El acuerdo alcanzado por el reajuste del sector público entre los funcionarios del Estado y el Ejecutivo ha abierto un flanco, marcado por las denuncias de “amarres” para evitar el despido de funcionarios a contrata a partir del cambio de Gobierno del próximo 11 de marzo.
Aquello ha derivado en un enfrentamiento entre la saliente administración y la entrante, lo que ha provocado el término anticipado de la “luna de miel” entre el Gobierno de Gabriel Boric y el futuro de José Antonio Kast.
Pero aquel no es el único flanco en discusión por el reajuste, cuyo texto aún no ingresa a tramitación al Congreso. Un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas, de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, advirtió que parte importante del costo financiero del proyecto no estaría provisionado en la Ley de Presupuestos 2026.
El reporte elaborado por las académicas de la USS, la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres y la exjefa de Administración Presupuestaria de la repartición Margarita Vial calculó que hay cerca de US$ 1.150 millones del costo del reajuste que no están provisionados en el erario de la nación que despachó el Congreso a fines de noviembre.
Las especialistas recuerdan que, a diferencia de años anteriores, la Ley de Presupuestos 2026 no consideró la variación por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los salarios en el subtítulo de gasto en personal, y sólo incluyó financiamiento por cerca de US$ 950 millones en el Tesoro Público para solventar el mayor gasto que signifique el acuerdo con la Mesa del Sector Público.
Esto, con el argumento que los salarios se mantendrían nominales para 2026 (reajuste 0%) y que cualquier eventual diferencia se financiaría con “holguras” de personal asociadas principalmente a la demora en la instalación de la nueva administración.
La Mesa del Sector Público acordó con el Ejecutivo un reajuste de 3,4% nominal, pero con alzas escalonada de 2% desde diciembre de 2025 y de 1,4% desde junio de 2026, junto con medidas laborales e institucionales que se incorporarán en el proyecto de ley que se apronta a ingresar al Congreso.
Así, Torres y Vial estimaron que el costo del acuerdo podría ascender a US$ 2.100 millones, en un contexto en que el Presupuesto contempla espacio de gasto (y financiamiento) por sólo US$ 950 millones.
“Es decir, el mayor gasto que irrogaría un acuerdo de estas características asciende a US$ 1.150 millones que no estarían considerados en la Ley de Presupuestos para el año 2026”, advirtieron.
En el desglose, los desembolsos en bonificaciones especiales y subvenciones se llevan los mayores costos (ver tabla).
Dado que no se conoce el detalle del acuerdo, ya que el proyecto aún no ingresa al Congreso, el ejercicio anterior fue realizado considerando los montos aprobados en la Ley de Presupuestos para 2026, y utiliza para el cálculo del costo de los otros beneficios el nivel de los beneficios aprobados para 2025 aprobados en diciembre de 2024.
Esto es, el reajuste de remuneraciones del sector público, bono especial (fin de conflicto), bonos del sector activo y pasivo, principalmente.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Macroeconomía
{{/if}}
