Luego de que la semana pasada el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) –cumpliendo lo ordenado por la Corte Suprema en 2012, cuando retrotrajo el proyecto El Morro ya aprobado a fase de evaluación- diera luz verde al desarrollo minero impulsado por GoldCorp y New Gold, varios fueron los que celebraron la decisión. Entre ellos, representantes del mundo legal.
A juicio del socio de Baker & McKenzie y experto en materias medioambientales y de derecho minero, Mirco Hilgers, esta determinación por una parte marca un importante hito respecto del necesario diálogo entre el Estado y las comunidades mediante el mecanismo de la participación ciudadana y luego mediante la Consulta Indígena específicamente. “Esto reduce por un lado los niveles de incertidumbre en los procesos de calificación medio ambiental y logra que los pueblos indígenas puedan efectivamente influir en los procesos que se llevan ante las autoridades administrativas”.
A pesar de los cuestionamientos que realizaron varias comunidades de la zona por no haber sido consultadas en el proceso, para Hilgers esto no invalida la resolución. “Entiendo que el proceso ha sido llevado de acuerdo con los estándares que establece el Convenio 169 de la OIT, considerando un procedimiento acorde a las características socioculturales de los pueblos involucrados conforme al principio de la buena fe y se ha intentado por la autoridad consensuar plazos conjuntamente con los mecanismos adecuados para ello”.
El especialista acota que aunque esta decisión del SEA no constituye garantía de posteriores judicializaciones, “el avance es enorme”. “Se está dando un gran paso en materia medio ambiental”, lo que se complementará en un futuro próximo con el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental que regula específicamente la Consulta Indígena, el que entrará en vigencia recién el 24 de Diciembre de 2013.
Lo que viene
A pesar de que la consulta indígena fue un hecho inédito para el SEA, por ser la primera realizada bajo lo estipulado por la OIT, ya hay voces que la cuestionan.
El abogado Lorenzo Soto, que representa a 14 comunidades diaguitas agrupadas en asociaciones de alcance regional, provincial y comunal, explicó hace unos días a Diario Financiero que analizan los antecedentes para definir las acciones a seguir para impugnar la autorización.
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