La Superintendencia de Bancos (SBIF) ha cursado 81 multas en los últimos 15 años. De éstas, tres correspondieron a incumplimientos del Artículo 84 de la Ley General de Bancos (LGB), incluyendo la que se aplicó a fines de 2015 a CorpBanca por US$ 30 millones, por haber infringido los límites de créditos a un mismo emisor, en este caso a las llamadas “sociedades cascada”.
Y si bien la institución liderada por Eric Parrado aún no ha sido notificada del recurso de reclamación que interpuso la entidad aún controlada por Álvaro Saieh, para dejar sin efecto dicha sanción, ésta ya está preparando su defensa.
Es en ese contexto que el regulador estaría revisando los antecedentes de uno de los casos que, en su época, generó revuelo y que se estima marca jurisprudencia, ya que la sanción fue impuesta por la misma infracción.
Ocurrió hace 20 años. La SBIF, en esa época dirigida por José Florencio Guzmán, sancionó al Banco A. Edwards -en ese entonces controlado por las familias Ergas y Edwards- con un monto de $ 224,1 millones, que correspondía al 10% del exceso identificado. Esto es, unos $ 435,7 millones de hoy, o US$ 629.280.
Esto porque la entidad financiera compró a Inmobiliaria Isacruz (dueña en la década de los 90 de más de 25 cementerios y que se declaró en quiebra en 1998), créditos por saldos de precios adeudados por adquirientes de sepulturas, documentados con pagarés y en los que se omitió en el endoso de éstos la cláusula “sin responsabilidad para el endosante”.
El motivo
La importancia de esta sanción radica en el hecho de que en la historia de las multas aplicadas por la superintendencia, pocas veces han derivado en una disputa en tribunales.
De esta forma, lo que ocurrió en el caso Edwards toma especial relevancia. Especialmente si se considera que la sanción del regulador equivale a casi 10% de las utilidades de 2015 de CorpBanca.
Y en esa oportunidad, pese a los argumentos de la entidad financiera, la Corte de Apelaciones le dio la razón a la SBIF.
La pugna que finalizó en 1997
La superintendencia señaló en ese momento que al haberse endosado los pagarés en blanco, Isacruz pasó a ser deudora directa y responsable de su pago, con lo que el crédito total así concedido por el Banco A. Edwards a la firma ascendió a $7.179.188.210.
Como el 5% de su capital y reservas (fue tras las modificaciones al artículo 84 N° 1 de la LGB en 2007 cuando se subió el límite al 10%) alcanzaba los $4.937.900.000, se registró un exceso de $2.241.288.210.
El banco, por su parte, sostuvo que la responsabilidad de Isacruz quedó limitada en el acuerdo firmado entre las partes en julio de 1993, lo que hacía innecesario hacerlo en los endosos. Así, Isacruz habría dejado de ser deudora directa de la entidad financiera, y, por ende, no habría transgredido la norma.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó la reclamación, indicando que “sobrados motivos hay para convencerse de que la responsabilidad de Isacruz no quedó limitada, contrariamente a lo que asevera la reclamante”.
De esta forma, precisó en el fallo redactado por el ministro Carlos Cerda Fernández y entregado el 14 de noviembre de 1997, “la conclusión es una sola: durante esa relación Isacruz fue deudora directa del Banco, cuestión que, como está dicho, hace incurrir de lleno a este último en el exceso del N° 1 de artículo 84 de la Ley pertinente, condición sine quanon para legitimar la sanción de alzamiento y desestimarlo por infundado”.
Los hechos
23 de julio de 1996
La Superintendencia de Bancos multó a Banco A. Edwards por $ 224,1 millones, debido a incumplimientos al artículo 84 de la Ley General de Bancos. Esto, en el marco de créditos otorgados a Inmobiliaria Isacruz.
14 de noviembre de 1997
La Corte de Apelaciones falló a favor de la SBIF ratificando la multa que la institución le cursó a Banco A. Edwads.
30 de diciembre de 2015
La institución liderada por Eric Parrado multó a CorpBanca por US$ 30 millones debido a infracciones al artículo 84 de la LGB, en el marco de préstamos otorgados a las sociedades cascadas de Julio Ponce Lerou.
18 de enero de 2016
El banco controlado por el Grupo Saieh interpuso un recurso de reclamación en la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la sanción.
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