por Jéssica Esturillo O.
Uno de los puntos fijados en la tabla de la más reciente reunión del directorio de HidroAysén fue discutir las distintas medidas que los socios del proyecto hidroeléctrico -Endesa Chile y Colbún- estaban evaluando para conseguir que, tras más de dos años y medio de espera, el Comité de Ministros finalmente se pronuncie respecto de las reclamaciones surgidas a raíz de la aprobación ambiental de esta iniciativa.
El resultado de la deliberación fue autorizar a la administración, encabezada por el presidente ejecutivo, Daniel Fernández, para interponer un pool de acciones legales y administrativas que persiguen no sólo obtener un pronunciamiento de la instancia ministerial a las reclamaciones que la empresa y los grupos detractores del proyecto presentaron en junio 2011.
El objetivo de los socios de este polémico proyecto no sólo sería conocer el parecer del Comité de Ministros sino que también destrabar otros permisos asociados a esta inversión que también están pendientes. Ese sería el caso de los derechos de agua adicionales que requieren para lograr una operación más eficiente del complejo, que considera la instalación de cinco centrales de distintos tamaños, que en conjunto aportarían una capacidad de 2.750 MW.
Conocedores del tema explicaron que hace más de un año la Dirección General de Aguas (DGA) podría haber concedido estas licencias y ello no ha sucedido.
La Moneda “cede”
Trascendió que la decisión de la mesa de HidroAysén no habría caído muy bien en La Moneda, que fijó para hoy mismo el encuentro del Comité de Ministros. Lo mismo habría sucedido a principios de esta semana, cuando el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, en forma privada primero y pública después, comunicó que estaría a punto a pronunciarse sobre el desempeño del Comité de Ministros, en respuesta a una solicitud efectuada por un diputado hace casi un año.
A raíz de lo anterior y buscando evitar las acciones de la empresa y también la reprobación de la Contraloría, un temor que desde hace un tiempo los propios ministros habían manifestado, el gobierno habría decidido convocar al Comité de Ministros hoy.
Trascendidos apuntan a que la intención del Ejecutivo habría sido convocar al comité con carácter de urgente, porque aunque el artículo 6 del reglamento de esta instancia establece que las sesiones deben fijarse con al menos diez días de anticipación, esa misma normativa contempla una excepción a dicho plazo “en situaciones de emergencia calificadas por el presidente” de la instancia, atribución que recae en la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Quienes conocen de estas decisiones, que habrían sido analizadas y adoptadas con extrema reserva, comentaron que la opción fue citar hoy al comité para cumplir con el trámite, pero que éste no resuelva respecto de las más de 30 reclamaciones presentadas, sino que podría solicitar nuevos estudios o mediciones sobre ítemes puntuales del proyecto.
El gobierno habría optado por esta alternativa amparado por el reciente fallo de la Corte Suprema, que validó el rol del Comité al aprobar y fijar nuevas condiciones al proyecto Punta Alcalde - también de Endesa Chile-, el que inicialmente fue rechazado por la Comisión Evaluadora Ambiental (CEA) de Atacama.
Los movimientos de los ministros
En las últimas semanas quedó en evidencia que en el gobierno no hay una visión común respecto de por qué se produjo la demora en el pronunciamiento del Comité de Ministros.
Mientras que los secretarios de Estado eran partidarios de concretar esta instancia, porque sería insostenible seguir planteando el argumento de que el Servicio de Evaluación Ambiental aún no concreta la sistematización de las reclamaciones, al final del día habrían primado las razones políticas. Esto porque el presidente Sebastián Piñera habría mantenido su molestia por la decisión de Colbún, controlada por el grupo Matte, de suspender en mayo de 2012 los estudios de la línea de transmisión del proyecto, a la espera de un consenso en torno a la política energética y el desarrollo de la matriz. De hecho, a mediados de diciembre, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet habría realizado gestiones para destrabar la postergada reunión.
La operativa del comité
La resolución exenta 446 del Servicio de Evaluación Ambiental establece el reglamento del Comité de Minsitros, instancia que está integrada por los titulares de Medio Ambiente -que lo preside-, Energía, Minería, Agricultura, Economía y Salud.
En este documento se establece que la misión de esta instancia es resolver los recursos de reclamación referidos a diversas acciones relativas a la aprobación o revisión de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, todas contenidas en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente.
El quórum mínimo para cada sesión es de cuatro integrantes y las sesiones incluso pueden realizarse vía videoconferencia. Añade que cuando lo estime necesario la instancia podrá solicitar a terceros calificados informes independientes para ilustrar adecuadamente sus decisiones e incluso su presidente podrá invitar a sus autores a exponer en la sesión.
Permiso ambiental cuenta sólo con 2,4 años de vigencia
Uno de los puntos que preocuparía a los socios de HidroAysén, las eléctricas Endesa Chile y Colbún, es la caducidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), lo que sucede transcurrido un plazo de cinco años desde que son otorgadas.
Si se considera que este proyecto recibió su permiso ambiental en mayo de 2011, es posible establecer que en este momento sólo le restarían 2,4 años de vigencia.
Sin embargo, en esta materia hay distintas interpretaciones pues la ley establece que "la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación (...) El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo".
Conocedores del tema indicaron que el reglamento establece que cada titular de proyecto debe informar a la autoridad cuál es el hito que considera como el inicio de la ejecución, aunque otras fuentes estiman que esta definición sería ambigua.
Mientras los plazos corren, la empresa debe cumplir los compromisos que adoptó para evitar, por ejemplo, una eventual sanción de la SMA.
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