Fue por medio de un artículo, publicado por DF en mayo pasado, que la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) se enteró de la modificación que está tramitando la Subsecretaría de Telecomunicaciones al Reglamento de Portabilidad Numérica, en el cual busca duplicar el plazo para iniciar una nueva portación, pasando de 60 días a un nuevo período de 120 días, para salir al paso de malas prácticas.
Luego de esta “sorpresa”, como califican a la medida en Conadecus, ésta envió un carta a la Subtel donde argumenta que la modificación propuesta afectará un legítimo derecho de los consumidores. Esto, porque según el experto y asesor de la corporación, Óscar Cabello, “en los mercados competitivos, el cliente se debería poder cambiar de proveedor en cualquier momento”.
Además, Conadecus afirmó que “esa modificación no contribuirá a resolver los problemas de incobrabilidad o de seguridad que plantea la nota de prensa”.
En esa línea, la corporación solicitó a la Subtel que considere otro tipo de reformas al Reglamento de Portabilidad Numérica -y a la regulación en general- para abordar los problemas del sector.
Así, en reemplazo de la ampliación del plazo para poder portarse, desde Conadecus plantearon que una mejor opción para evitar problemas de incobrabilidad es suspender el servicio a aquellos usuarios que, habiéndose portado, mantengan saldos pendientes de pago con su proveedor anterior.
Por otra parte, propusieron exigir que cualquier usuario de un servicio público de telecomunicaciones –incluso de prepago– se encuentre debidamente identificado frente a su proveedor, para así hacer frente a los temas de seguridad.
Adicionalmente, consideran razonable la idea de exigir que el usuario tenga su cuenta al día para portarse, considerando el último documento de cobro emitido en vez del vencido.
Visión de Subtel
En respuesta, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, insistió en el hecho de que existe un grupo muy reducido de usuarios que ha utilizado la portabilidad numérica con fines no lícitos. En esa línea, señaló que “extender el plazo perjudica sobre todo a quienes están defraudando el sistema y a quienes están utilizándolo para delinquir”.
Además, el subsecretario agregó que la medida planteada “no es infinita, sino que lo que estamos haciendo es que a los 120 días sí se va a poder cambiar”, sosteniendo que la propuesta está diseñada “pensando en aquel grupo reducido de personas que se dedican a defraudar el sistema”.
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