La “construcción en armonía con la vida”, como propone un grupo de convencionales constituyentes, está más cerca de consagrarse como uno de los artículos que compondrán el texto final de una eventual nueva Carta Magna. La norma respaldada por 16 políticos, entre los que figuran Marcos Barraza y Malucha Pinto, propone el reconocimiento y garantía por parte del Estado de una “vivienda digna y ecológica”, y este lunes fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente por 14 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
De esta manera, resta su tramitación en particular, agendada a partir de la segunda quincena de febrero, y en caso de ser nuevamente respaldada por la Comisión, el proyecto pasaría al pleno de la Convención Constitucional, el cual deliberará respecto de su integración en el nuevo texto que se presentará a la ciudadanía.
Y aunque todo indica que, al menos, la próxima semana será ratificada por la comisión a cargo, distintos actores del sector de la construcción han formulado dudas y reparos en cuanto a las consecuencias de una futura entrada en vigencia.
Uno de los puntos de consenso entre quienes se oponen a la normativa es atribuirle la generación de incrementos en los costos de construcción. Esto, debido a las condiciones que propone el articulado, que entre otras cosas establece la promoción estatal de “técnicas de construcción y autoconstrucción de bajo impacto ambiental como la Bioconstrucción”, práctica que implica un mayor esfuerzo en cuanto a materiales y logística.
Alerta por la viabilidad de la norma
El presidente de la Cámara Chilena de Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, señala que desde hace años el gremio impulsa la entrega de herramientas para avanzar en el desarrollo de proyectos sostenibles, pero puntualiza que “este nivel de detalles como la materialidad o la forma de construir son más propios de las leyes que de las constituciones”. Pues, según indica, el hecho de detallar materias específicas en la Constitución levanta interrogantes que, a su juicio, requieren mayor deliberación, como es el caso de los criterios que primarán por sobre los estándares sísmicos o la inclusión del tratamiento de residuos, así como la posibilidad de “seguir ofreciendo soluciones económicas a la población”.
Al principal gremio del sector se suma la Asociación de Constructores Civiles de la Universidad Católica (ACCUC). “Hoy lo sustentable puede ser muy caro, y lo altamente sustentable puede transformarse en inviable”, señala el presidente de la entidad, Pablo Guerra. Sostiene que no obstante los desafíos de transformación a los que debe avocarse la industria, precisa que es importante ”acotar los estándares y eso puede regularse por medio de leyes, no necesariamente a través de una Carta Magna”.
Cambios y tecnología
Desde otra vereda, el gerente de Servicios Microgeo -una de las filiales de Sonda dedicada a brindar soluciones tecnológicas en ingeniería y construcción-, Roberto Rojas, comenta que si bien el valor de los materiales como de las viviendas podría verse afectado por esta norma, califica la consagración de “un artículo de este tipo” como “una excelente declaración de intenciones de lo que queremos lograr como sociedad”. E indica que “la vivienda es una cuestión esencial en el desarrollo de un país”, y sobrepone la necesidad de contar con “características sustentables tanto en su concepción, desarrollo y operación posterior”.
En este sentido, el ejecutivo dice que en Chile se debe “recorrer” un camino basado en “normativas, artículos técnicos, apertura a la innovación en la industria de los materiales y cambios metodológicos como el BIM (Building Information Modeling)” para hacer del modelo tradicional uno “más eficiente y productivo”. “La tecnología existente hoy acompaña y fomenta estos cambios, debemos tener un empujoncito que nos ayude a forzar y acelerar el cambio hacia una industria más sustentable”, agrega.
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