Por Miguel Bermeo T.
Un panorama eléctrico complejo ve el Consejo Minero a partir del próximo año. Según el presidente de la Comisión de Energía y Cambio Climático de la entidad gremial, Andrés Alonso, el costo marginal de la energía que compran los clientes libres –industria, mineras y otros- empezará a estar regido por el diésel y no por el GNL y el carbón como hoy.
En el SIC el asunto es más complejo. “Vemos que desde el próximo año sólo tendremos costos diésel, entre US$ 180 /MWh y US$ 300 /MWh”, dijo Alonso una presentación durante la semana Cesco.
Alonso se basó en las proyecciones del Informe Técnico Preliminar de abril de la Comisión Nacional de Energía para hacer sus estimaciones, con una hidrología media, pues si fuera seca “sería mucho peor” el escenario. De esta forma, a partir del próximo año la demanda superará la capacidad de generación base más eficiente en el Sistema Interconectado Central (SIC), teniendo que entrar el diésel, mientras que en 2016 ocurriría lo mismo en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
Sin embargo, la situación del SING –donde se prevé que a partir de 2016 el diésel también empiece a marcar el costo marginal- no es tan compleja, pues en este último habrá formas de reducir la exposición a éste . “Les aseguro que alguna de las empresas mineras va a gatillar alguna inversión que hará que el precio no llegue a ese nivel”, dijo en la presentación.
Dentro de estas soluciones, estarían la centrales a GNL de BHP, Kelar, y Luz Minera de Codelco, que aportarían 500 MW y 760 MW, respectivamente. Además de Cochrane, de AES Gener, de 523 MW.
Más GNL
Alonso explicó que la única alternativa que hay para resolver el problema del SIC “en los próximos tres o cuatro años, es inyectar más GNL en el sistema”. En sus análisis señaló que “existen ciclos combinados para quemar GNL, existe capacidad de regasificación, y existen ofertas, pero no se está inyectando la cantidad suficiente de GNL en el sistema”.
El panorama es más oscuro, dice Alonso, mirando hacia adelante. “Viendo al futuro, si uno considera todos los proyectos del Plan de Obras de la CNE (...) Estamos viendo que todos los desarrollos que sustentarán el crecimiento energético del SIC, están en estados inciertos”, dijo.
Así, citó el cierre del ciclo en Taltal, de Endesa que no se ha anunciado, aunque está en el plan de obras para 2016, o Santa María II de Colbún, para 2018, que tampoco ha sido comunicado. O las dudas que existen con Punta Alcalde y la incertezas que hay respecto de su proceso judicial. Eso sin contar con San Pedro, que está reformulándose (ver fichas).
Soluciones
Así las cosas, Alonso señala que se requiere una política energética que resuelva estos temas, la que debería estar fundada en “aumentar la utilización de GNL con la infraestructura existente. Si tenemos, utilicémosla”, enfatizó. Además de ello, dijo que era necesario “asegurar la entrada de nueva generación con permisos aprobados. Y si tenemos permisos, que tengan la solidez suficiente para que no puedan ser objetados después y al final puedan ser desechados”.
En tercer lugar, dijo que era menester acelerar los tiempos de aprobación de los proyectos, pues “ya no hay tiempo. Hay que hacer las cosas rápido”, dijo.
Finalmente, indicó que es necesario “mejorar la competencia en este sector, con la entrada de nuevos actores a la generación”.
San Pedro
Se están consolidando los resultados para determinar si es necesario estudios adicionales. Esta etapa se prolongará hasta el segundo trimestre de 2013.
Punta Alcalde
Fue aprobado por el Comité de Ministros en diciembre de 2012. Tiene cuatro recursos de protección en su contra que deben ser revisados aún.
Santa María II
Está aprobada ambientalmente. No hay una fecha definida para iniciarla, pues Colbún mira las distintas variables involucradas en el proyecto.
Taltal
La central a ciclo combinado de 140 MW tiene aprobado el cierre, el que dependerá de las condiciones de mercado, del acceso a gas, entre otros aspectos.
Alto Maipo
La central consiguió en diciembre de 2012 la concesión eléctrica; sin embargo, aún despierta oposición social, con riesgos de judicializaciones.
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