Enel Generación denunció que el sábado 12 de marzo un grupo de personas lideradas por María Curriao Reinado, histórica dirigenta mapuche, habrían entrado a las instalaciones de la Central Pangue, en la región del Bío-Bío, obligando al personal de seguridad y servicios a abandonar sus puestos de trabajo. De esta forma, la central no cuenta con personal de la empresa desde esa fecha.
El episodio marca una intensificación de las protestas, ya que el acceso a la central estaba limitado desde el 24 de enero.
"La continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica e, incluso, la integridad de la obra hidráulica, así como la seguridad de nuestro personal y contratistas, han quedado seriamente comprometidas", indicó la empresa.
Frente a ello, señaló que estas acciones pondrían en peligro la generación de la Central Pangue (467 MW), así como del resto de centrales pertenecientes a la cuenca del Bío-Bío, las que en su conjunto suman 1.496 MW, arriesgando el abastecimiento eléctrico.
En esa línea, añadieron que se compromete la operación de las obras hidráulicas de la presa Pangue, con impacto sobre el abastecimiento de agua para riego y otras actividades que dependen de este recurso. Asimismo, desde Enel destacaron que el hecho "es de mayor gravedad, con potenciales serias consecuencias en la población e infraestructura de la cuenca aguas abajo de la presa".
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Requerimiento legal
En atención a esta situación, desde la empresa manifestaron que han presentado diversas denuncias ante el Ministerio Público, requiriendo medidas de protección en resguardo de sus trabajadores e instalaciones. En paralelo, informaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) los hechos, a través de cuatro cartas enviadas entre el 24 de enero y el 10 de marzo.
De igual forma, solicitaron, en virtud de las potestades que la ley asigna a la institución, disponer las actividades necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Pangue. Y enviaron comunicaciones del mismo tenor al Coordinador Eléctrico Nacional, Carabineros de Chile y a la Delegada Presidencial Regional Biobío, encargada del orden público y la seguridad de dicho territorio.
"A pesar de que la Fiscalía correspondiente resolvió dar protección a la empresa y sus trabajadores en el contexto descrito, y así lo notificó a Carabineros, y que la SEC solicitó a la Delegada Presidencial Provincial el auxilio de la Fuerza Pública para que, dentro de otros, se reponga el libre acceso a las instalaciones de la central, hasta el momento no hemos recibido en la práctica el auxilio requerido", agregaron desde la compañía.
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