El gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, fue uno de los asistentes a la reunión que el Presidente Sebastián Piñera sostuvo la semana pasada en La Moneda con representantes del sector eléctrico y fue testigo cuando casi finalizado el encuentro el mandatario señaló que “la industria no ha sido capaz de garantizar la energía que el país requiere”.
A juicio del ejecutivo, las palabras del jefe de Estado son injustas, pues las empresas están plenamente dispuestas para desarrollar esa capacidad y no pueden hacerlo porque sus proyectos están complicados y paralizados por distintos tipos de procesos que -dice- podríamos englobar como “judicializaciones”.
-¿Cómo interpretan el comentario del Presidente casi al final del encuentro del jueves?
-Reconocemos lo que dice el presidente, que siempre hay espacio para mejorar la calidad o la solidez de los proyectos y la relación con las comunidades, para evitar los conflictos y la judicialización, pero lo que está claro es que hay un deterioro del clima de inversiones que no es responsabilidad de las empresas eléctricas, sino que todo lo contrario.
-¿Es responsabilidad del gobierno?
-Hay más incertidumbre e inseguridad por definiciones regulatorias que no han sido resueltas, como la situación posterior a la quiebra de Campanario o lo que pasa ahora con las distribuidoras que se están quedando sin contratos de abastecimiento, porque las licitaciones se han complicado.
Los proyectos existen, hay voluntad e intención de ir adelante con ellos, pero estamos frente a un clima donde la autoridad ha tenido una cuota absolutamente importante, ineludible, fundamental y esencial de responsabilidad, porque no ha ejercido liderazgos y con eso no ha mejorado las señales que las empresas requieren para llevar adelante esas inversiones.
-¿La autoridad dejó de actuar en esos casos?
-La echamos de menos en esos y en muchas otros. La acción o la omisión de la autoridad han acrecentado el cuestionamiento respecto de la solidez de la institucionalidad ambiental por ejemplo, como sucedió con la decisión de un caso por todos conocido. Hay otras decisiones que no se han tomado y que llevan años postergadas en el Comité de Ministros y que van en el sentido contrario de lo que debería ser este mayor peso y legitimidad de la evaluación ambiental de los proyectos.
Para todos es evidente que las resoluciones de calificación ambiental, que debieran ser un instrumento por el cual el Estado le dice a un privado que puede ir adelante con su proyecto, tienen una creciente precariedad y eso no es responsabilidad de las empresas.
-¿Es justo que el presidente diga que las empresas no garantizan el acceso a la energía?
-Para nada, porque las empresas han sido muy responsables y tienen proyectos aprobados por casi 18.000 MW, como dijo el presidente. Esto demuestra que las generadoras que están en el país y las que quieren instalarse, tienen toda la voluntad de invertir pero por distintos motivos no pueden hacerlo.
Próximo gobierno
-No es primera vez que el presidente se refiere a la resposabilidad de la industria en la paralización de proyectos.
Como industria reconocemos que tenemos que acercarnos más a la comunidad, informar mejor los proyectos y, probablemente, cuidar mejor la información que debemos incluir en la evaluación ambiental, lo que probablemente requerirá una inversión mayor y un trabajo más exhaustivo que estamos dispuestos a hacer, pero eso también requiere que la autoridad reconozca su responsabilidad de tomar las decisiones que correspondan y no tomar otras que perjudican el clima de inversión y afectan la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria que una industria como ésta necesita.
-¿Ven en el próximo gobierno las condiciones para que se concrete ese liderazgo o ese rol del Estado?
-Hay que mirar con un horizonte mucho mayor que los cuatro años del gobierno y muchas veces eso significa un desequilibrio entre los costos políticos y los beneficios a muy largo plazo que esas decisiones tienen. Esperamos que el plan de corto, mediano y largo plazo anunciado por el próximo gobierno sea la instancia para que podamos despejar la inversión eléctrica.
Ojalá que en los primeros cien días seamos capaces de desarrollar ese proceso e ir generando las bases de este nuevo trato.
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