“En este escenario es altamente probable que muchas de las centrales tanto de operación continua como de respaldo no cuenten con sistemas validados en esa fecha, lo que puede dar paso a una serie de sanciones por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA)”.
Este es el último punto de la minuta que circula en el sector donde se repasan los elementos pendientes al inicio de la primera fase de la norma de termoeléctricas, que a partir de hoy establece la obligación para las generadoras de medir e informar las emisiones de material particulado (MP) de las centrales que utilizan combustibles fósiles.
En el documento se da cuenta de la existencia de ciertas dificultades para cumplir con algunos de los requisitos para la instalación y funcionamiento de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS, por su sigla en inglés) que establece la normativa, que dentro de 18 meses replicará esta exigencia para otros elementos (ver recuadro).
Según datos de la industria, en la instalación de estos CEMS han invertido en torno a US$ 600 millones.
Entre los factores que se analizan en el documento figura la inexperiencia, el poco tiempo disponible para implementar la normativa, considerando que el protocolo de aplicación fue publicado en enero de este año y luego en mayo apareció un anexo con precisiones relativas a las unidades que operan en forma discontinua, porque cumplen funciones de respaldo en el sistema. Entre ellas están las centrales que usan diesel.
Audiencias en la SMA
En los últimos días, según consta en la agenda pública del superintendente de Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg, las generadoras Guacolda y AES Gener, así como representantes del gremio que agrupa a estas empresas y ejecutivos de los centros que coordinan los sistemas eléctricos, visitaron el organismo y en esas audiencias le habrían planteado al titular del organismo que otro de los inconvenientes son las complejidades técnicas del estándar escogido para realizar las mediciones y que corresponde al que utiliza la Agencia de Protección Ambiental (EPA por su sigla en inglés) de Estados Unidos, lo que supone una dificultad mayor en casos especiales, como las unidades de respaldo que operan en forma discontinua. Esto pese a que en mayo la SMA flexibilizó en parte el requisito de medición.
Conocedores del tema explican que estas dificultades no complican solamente a las empresas, sino que también a la SMA, pues ha resultado más difícil de lo esperado la certificación de los laboratorios que deben hacer los ensayos para cumplir con los requisitos de validación de los CEMS. “De acuerdo a lo informado por la SMA sólo algunos laboratorios se han acercado a aclarar dudas sobre los ensayos”, dice la minuta y advierten que esto podría redundar en nuevos rechazos.
Según registros de la SMA, que en marzo debe recibir los primeros informes trimestrales de medición y pronunciarse sobre ellos, tres de los cuatro informes de labotario presentados por las empresas al organismo fueron rechazados por la “deficiente aplicación de los protocolos de validación”, se explica en la minuta de las eléctricas.
Otro punto que se advierte en el documento es que en algunos casos “se requiere modificar estructuralmente algunas centrales, adecuando el tamaño de las chimeneas o modificando sus dimensiones para asegurar la menor vibración en equipos de monitoreo para así lograr una medición adecuada”.
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