La presentación durante la primera quincena de mayo de la Ruta Energética en la que por estos días trabaja el Ministerio de Energía, marcará el hito para el inicio de otros procesos que impulsará esa cartera.
Uno de ellos es la conformación de la mesa de trabajo que definirá el cronograma para la descarbonización de la matriz de generación, según anunció Susana Jiménez durante su intervención el martes en la Cena Anual de las Acera.
A la instancia, explicó posteriormente, se convocará a todas las instituciones relevantes en este proceso: las empresas que poseen este tipo de activos, gremios, ministerios y organismos públicos relacionados, así como representantes de la sociedad civil, trabajadores del sector y expertos académicos. Todo esto en el marco del acuerdo que fue suscrito a inicios de año por el gobierno y las socias de Generadoras de Chile, es decir, Enel Generación, AES Gener, Colbún y Engie.
De este grupo, solo la franco belga ha anunciado el cese de operaciones de dos de sus unidades, pertenecientes al complejo Tocopilla.
Fuentes de la industria comentaron que las empresas aún no han sido contactadas por la autoridad, mientras que la ministra Jiménez precisó que la mesa sesionará durante un año, período en el que se realizarán diversos análisis y estudios, lo que dará pie a instancias de diálogo en las localidades donde están ubicadas las centrales.
“Creemos que la descarbonización de la matriz eléctrica debe enfrentarse de forma responsable y de cara a la ciudadanía”, aseguró.
Un desafío, dijo, es que el cronograma debe permitir implementar este proceso de forma eficiente, procurando una operación segura y confiable del sistema.
El 21% de la matriz corresponde a centrales a carbón (4.797 MW). Se estima que además de la vida útil de las unidades -en 2025 se contabilizan los primeros MW que completan 30 años de operación-, uno de los criterios que podría pesar para el calendario es el vencimiento de contratos.
Colbún pide "nivelar la cancha" para competir
Colbún llevó hasta su memoria anual la ofensiva que inició contra las empresas de distribución eléctrica en la lucha para hacerse de una mayor cantidad de clientes libres.
Juan Eduardo Correa, su presidente, planteó que uno de los principales desafíos que enfrenta el sector figura el "nivelar la cancha y mejorar las condiciones de competencia para que todos los consumidores que puedan elegir su suministrador de energía, puedan hacerlo".
Dijo que esto implica elaborar una normativa que reconozca y cree los incentivos para el almacenamiento de energía en sus diversas formas.
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